Ni los detectores de metales, ni los bloqueadores de señal o los anillos de seguridad han podido contrarrestar el peso de la corrupción en las cárceles del Sistema Penitenciario, donde la planificación de extorsiones, secuestros y asesinatos están a la orden del día. El Ministerio de Gobernación (Mingob) promete implementar tecnología de punta en las principales prisiones, pero mientras tanto utiliza las requisas y otras medidas como mecanismos de control para hacer frente a la amenaza que encuentran dentro de sus propias instalaciones de seguridad.

El ingreso de teléfonos celulares, armas y drogas a los centros carcelarios no es cosa del pasado; en la actualidad todavía se pueden encontrar esos objetos durante las inspecciones de rutina que realizan las autoridades del Sistema Penitenciario (SP), e incluso se sabe de aparatos aún más sofisticados y de mayores proporciones, como paneles solares y televisores LCD.

El 31 de enero pasado, durante una requisa efectuada en el Sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) encontraron cuatro paneles captadores de rayos solares para la generación de energía, 69 baterías para teléfono, 48 cigarros de marihuana y más de dos libras de esa misma droga.

Esto a pesar de que aparentemente en este centro se ejerce mayor rigurosidad –por el perfil de los detenidos– en los registros de ingreso de visitantes y por la estricta vigilancia sobre los internos.

Así se demuestra que los privados de libertad se han ingeniado para continuar delinquiendo, pues incluso utilizan “energías verdes” para cargar sus teléfonos, en vista de que –aparentemente– ya no logran cargar los teléfonos celulares con energía eléctrica.

Además, diferentes sectores de la cárcel continúan bajo el control de los mismos detenidos, según denuncias de esposas y madres de los prisioneros entrevistadas por La Hora.

En el Sector 8 del Preventivo existen varias anomalías, pues indican que el “Comité de Disciplina” –un grupo interno de poder paralelo integrado por prisioneros– impone Q10 de “colaboración” a los privados de libertad para que puedan recibir a su visita, o de lo contrario tienen vedado ese derecho.

Analistas en seguridad indican que uno de los mayores retos a enfrentar en el sistema carcelario, es la corrupción, pues es evidente que los teléfonos, los paneles solares y hasta las computadoras “no ingresan solas”, ya que alguien facilita esta situación. Aunado a esto, se encuentra, la falta de tecnología de punta y el descuido del SP para atender los serios problemas estructurales que afronta la institución.

“Debería haber detectores de metal para la gente que entra de visita a las cárceles, porque obviamente no es posible que sigan entrando celulares y de esa forma sigan extorsionando, secuestrando y planificando hechos delictivos, por eso también creemos que es importantísimo que se apruebe la ley para regular la telefonía móvil, porque hemos visto que las antenas que han puesto como bloqueadores no han dado ningún resultado”, refiere Mishell de Leal, de la organización Madres Angustiadas.

La entrevistada insta al Ministerio de Gobernación (Mingob) para corregir a la mayor brevedad los problemas, aunque está consciente que esta situación ha sido herencia de las anteriores administraciones, que no se han caracterizado por la transparencia.

“Las cárceles siempre han sido consideradas la cenicienta del sistema; se ha dejado llegar a esos niveles de descuido y desatención total y por eso instamos a las autoridades, que no dejen este tema olvidado. Hay que entrarle a la corrección del problema, que se siguen suscitando desde la cárcel, como son las extorsiones y los secuestros que se planifican desde adentro”, opina la entrevistada.

El titular de la Cartera del Interior, Mauricio López Bonilla, dijo recientemente que mientras implementan tecnología de punta en las cárceles, utilizarán las requisas como mecanismo de control, así como otro tipo de inspecciones.

SITUACIÓN NACIONAL

El Preventivo de la zona 18 no es la única prisión con problemas, ya que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del MP identificó hace algunos meses, que las cárceles Cantel, en Quetzaltenango; el Infiernito, en Escuintla; Pavón y Pavoncito, en Fraijanes continúan ocasionando problemas.

Del 29 de febrero al 2 de marzo, las autoridades realizaron por lo menos dos requisas en Cantel, donde individualizaron a Luis Fernando Brooks Morales, sindicado por los delitos de asesinato en grado de tentativa. Esta persona, supuestamente, lideraba a una estructura criminal dedicada a extorsionar a transportistas.

Días antes las autoridades identificaron a Fernando Abimael Salazar, Federico Moisés Vásquez Cardona y Francisco Giovanny Gómez Ordóñez, como planificadores de extorsiones, en dicho centro. Estos hombres cumplen condena por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y deportivo, homicidio y asesinato.

Mientras que el 16 de febrero, se conoció de Estuardo Estrada Conde, un reo recluido en la Granja Penal Pavón, condenado por caso especial de estafa, falsedad material y uso de documentación falsa, quien tenía un negocio clandestino de discos piratas, el cual operaba sin problemas dentro de la prisión.

Según el SP, durante la administración del director Luis González se han realizado 67 requisas en los diferentes centros carcelarios con el fin de incautar objetos ilícitos y desmantelar a los grupos criminales.

A partir del 14 de enero, se incautaron aparatos eléctricos, entre estos 15 televisores, 16 ventiladores, 12 reproductores de DVD, 19 celulares, 14 chips y 10 libras de marihuana.

El SP también reporta la detención de 10 personas que intentaron ingresar droga, además de otro hombre que intentó ingresar un arma de fuego a la cárcel de Los Jocotes, en Zacapa.

En las medidas emergentes, también se puede mencionar los registros físicos y a través de detectores de metal, que evidentemente no siempre ofrecen un resultado positivo.

La Hora realizó una verificación de esos registros en el Preventivo de la zona 18, donde se constató que la seguridad perimetral se ha reducido. Solo uno de los anillos de seguridad estaba funcionando. Durante la administración anterior funcionaban al menos tres.

Consultado personal del Mingob, destacó que realizarán una investigación para determinar las razones por las que se redujo la seguridad.

En uno de los registros físicos se confirmó que esas verificaciones no son tan rigurosas, pues un hombre que dijo que esperaría a su esposa, afuera de las instalaciones del centro, logró pasar desapercibido un teléfono celular que llevaba en la bolsa trasera del pantalón.

Otro de los problemas es el escaso personal de la PNC –al menos cinco–, que se encontraba realizando las verificaciones en el único anillo de seguridad, pues hay días que hasta 600 personas pueden visitar el Preventivo –principalmente los fines de semana–, aunado al intenso calor que se percibe en las carpas donde se realiza el registro.

La revisión con los detectores de metal se efectúa dentro del centro carcelario, donde guardias del SP realizan una verificación muy parecida a la de la institución policial.

Ambos registros consisten en tratar de identificar algún artículo ilegal, como un celular, un arma de fuego o droga. Esas verificaciones consisten en palpar y ubicar el detector de metal, en el cuerpo de una persona, donde por antecedente se sabe, que esconden esos artículos.

LOS PLANES

El viceministro de Seguridad, Julio Rivera Clavería, dijo que en aproximadamente seis meses está previsto instalar bloqueadores de señal y portales eléctricos en las cárceles más importantes del país, es decir en El Boquerón, el Infiernito, Preventivo, Fraijanes I y II.

“En la zona 18 de hecho ya se está implementando, en el caso de los detectores de metal, el señor Ministro está aprobando los nuevos portales que van a tener rayos X y todos estos sistemas que permitan el control del ingreso de drogas, celulares, chips, armas de fuego, etc. Yo digo que todo está finalizado en las cárceles más importantes del país en unos seis meses”, refirió el funcionario.

Rivera Clavería, dijo que se trabaja con las empresas que prestarán el servicio de los bloqueadores, para evitar que los hechos delictivos continúen desde las prisiones.

“Son detalles muy técnicos y eso lo manejan las empresas que prestan los servicios –de bloqueadores–; ellas están apoyándonos en el SP para que los bloqueadores simple y sencillamente puedan cubrir el área de lo que es puramente la prisión, y no se extienda y no pueda intervenir las señales de los teléfonos celulares de otras áreas.

El entrevistado lamentó la falta de funcionamiento de los bloqueadores instalados durante la administración anterior, pues esto únicamente provocó gastos innecesarios. “El diseño tecnológico no era el adecuado, el Ministro está trabajando directamente el tema con las compañías que prestan el servicio, él es un conocedor del tema y las empresas nos están apoyando con equipo que realmente es funcional. Esos equipos que se compraron no eran los adecuados, fue un gasto por gusto”, indicó.

A criterio de Carmen Rosa de León, del Consejo Asesor de Seguridad (CAS), es imprescindible que las autoridades tomen en cuenta las estrategias que se han planteado con anterioridad.

“No solo se debe aplicar el Reglamento –de la Ley del Régimen Penitenciario–, sino otras estrategias que se han planteado por parte de los directores de presidios, saber quiénes están detenidos, las razones, la separación de los delincuentes acusados y preventivos, mejorar el acceso a las cárceles, control del ingreso; en varias oportunidades se ha planteado cuáles son las bases para que esto se pueda regularizar”, indicó De León.

La entrevistada, reiteró que uno de los problemas frecuentes es el hacinamiento y la ausencia de una política de separación de los reos.

Por otro lado, agregó la necesidad de aprobar la Ley de Registro Móvil, para que exista mayor control sobre los teléfonos celulares, desde donde se hacen llamadas para extorsionar a la ciudadanía.