La presentación de las iniciativas del Ejecutivo para lograr leyes que ayuden a luchar por la transparencia es apenas el inicio de una larga y muy dura batalla que deberemos librar los ciudadanos guatemaltecos para obligar a que exista un adecuado marco legal en el que se tipifique con claridad cualquier delito que tenga que ver con la corrupción y que se aplique con severidad tanto a los funcionarios públicos que tienen la obligación de velar por el buen uso de los recursos, como a los particulares que se hartan con el dinero del pueblo dando mordidas a diestra y siniestra para garantizarse contratos lesivos al interés nacional.

Yo creo que es fundamental tener una clara referencia como punto de partida. No hay corrupto sin corruptor y que ambos deben compartir plena, total y solidariamente, la responsabilidad y someterse a cuestiones como el enriquecimiento ilícito y, posteriormente, a la extinción de dominio porque tenemos que tener absolutamente claro que para que un funcionario público haga un negocio sucio, en el noventa y nueve por ciento de los casos necesita la participación de un particular, sea para que pague mordida o para que se embolse dinero de sobreprecios que luego han de compartir mañosamente.
 
 Salvo aquellos casos en los que se dan vulgares gavetazos, todos los actos de corrupción son relacionados con las contrataciones que hace el Estado para comprar o para proveerse de servicios y realizar obras. Mal principio es, seguramente, que la ley propuesta contenga una norma que avala y les da validez jurídica a los fideicomisos públicos, simplemente para cumplirle a los bancos del sistema, algunos de los cuales se las verían a palitos sin esa inyección de recursos del fisco que les permite mantener el alto ritmo de ganancias que reporta nuestro sector financiero. Allí ya estamos hablando de un gravísimo pecado original de toda la propuesta que, además, viene a dar una especie de borrón y cuenta nueva en la materia para que lo hecho hasta ahora quede como jauja.
 
 Yo entiendo que el funcionario público, que devenga sueldos del Estado, tiene que tener mayor castigo por la corrupción porque está faltando a sus deberes y responsabilidades, pero me parece que no hay forma de combatir la corrupción si no somos exigentes con los contratistas del Estado porque no es posible que haya tanto trinquete. Lo peor de todo es cuando uno oye a “prestigiosos y conocidos empresarios” criticando la corrupción no obstante que ellos y sus empresas son los que proveen al Estado de bienes sobrevaluados o les ejecutan obras mal hechas, con todo lo cual se embolsan millonarias ganancias. Y, vestidos de primera comunión, todavía tienen el tupé de hablar pestes sobre “a donde hemos llegado con la pérdida de valores y la gentuza que llega a los puestos públicos”, como si ellos no fueran más que cómplices en esas operaciones.
 
 Así como se logró impedir que el gobierno propusiera el fin de los fideicomisos, ya verá el lector cómo en el Congreso se van a mover los cabilderos que saben cómo repartir el pisto para que no quede en las leyes ningún atisbo de riesgo que pueda poner en peligro a los empresarios que son contratistas o proveedores del Estado. Estarán en juego fuertes sumas de dinero porque lo que se está decidiendo, al final de cuentas, es la impunidad de la otra punta de la corrupción, la que es permanente y trabaja sin remilgos con gente de cualquier partido político. Porque los funcionarios van y vienen, pero sus socios empresariales son siempre los mismos, los que ya conocen el camino y saben cómo es que se mueve la melcocha. Y ellos seguramente no aceptarán de brazos cruzados que les tipifiquen delito alguno.