El gobierno entregará hoy el paquete de leyes contra la corrupción que nos parece absolutamente necesario para regular cuestiones como el enriquecimiento ilícito y para darle colmillos a la Contraloría General de Cuentas de la Nación para que pueda cumplir mejor con sus obligaciones constitucionales. Sin embargo, es de lamentar que en el mismo paquete vaya, para beneplácito de los diputados y especialmente de los gobernantes nacionales y locales que han usado esa viciada práctica, la ley para regular los fideicomisos públicos que pasa por alto la naturaleza misma de la institución que nada tiene que ver con el ejercicio de la función pública.

Los fideicomisos empezaron a usarse como una mañosa maniobra para evadir cualquier control sobre el gasto público. El pretexto era la agilización de las compras y contrataciones, pero el objetivo era manejar el dinero del Estado mañosamente, con premeditación, alevosía, ventaja, nocturnidad y espíritu de suciedad. En otras palabras, todas las agravantes habidas y por haber en materia de corrupción están en el uso de los fideicomisos que se han generalizado al punto de que ni siquiera se puede llevar un registro completo de los mismos. La Contraloría da una cifra, el Ministerio de Finanzas otra y fuentes de la sociedad una distinta, porque son tan turbios que ni siquiera están todos debidamente registrados.
 
 Hay municipalidades en las que los alcaldes usan los fideicomisos para pagar jugosos sueldos a sus allegados, incluidos parientes muy cercanos, porque saben que allí no tienen por qué rendirle cuentas a nadie. Y si eso pasa con los municipios, imaginemos lo que ocurre con otros fideicomisos constituidos por entidades del gobierno central.
 
 Regular el robo no es más que avalar prácticas inmorales y cochinas que han hundido a la sociedad. Lo que Guatemala necesita es que se proscriba el uso indecente de una institución del derecho privado que nada tiene que ver con el manejo de fondos públicos. Claro está que no se puede de un plumazo borrar los fideicomisos porque el sistema financiero nacional iría al colapso dado que son los bancos más poderosos los que manejan esos fondos fideicometidos. Cualquiera entiende que el poder del sector financiero es enorme y que no van a renunciar tranquilamente al manejo de millones y millones de quetzales que se les inyectan mediante esa nueva costumbre de manejar de manera más turbia que de ordinario los recursos públicos.
 
 Pero ni el error es fuente de derecho ni la costumbre puede serlo. Consagrar institucionalmente una práctica que ha sido sucia y contraria a la transparencia en el manejo de los fondos públicos es, en alguna medida, un aval terrible para los pícaros que dispusieron usar los fideicomisos. Si lo que se quiere es agilidad, hay procedimientos administrativos que se pueden implementar sin comprometer la transparencia, y los bancos ya tienen asegurado un enorme beneficio derivado del regalo que les hizo la reforma constitucional que privatizó el financiamiento al sector público por lo que tendrían que moderarse.
 
 La única razón por la que, como dice el Ministro de Finanzas, no se puede acabar con esa sucia práctica, es que más de algún banco podría sufrir las consecuencias de una decisión patriótica que le pusiera fin a los fideicomisos como instrumento para el saqueo del erario nacional. Y en medio del cacareo contra el Estado, del cacareo por la libre empresa y la libre competencia, Dios nos libre de un Estado que disponga poner en riesgo negocios privados simplemente por el “prurito de hacer transparente la gestión pública.” Estamos en una situación muy parecida a la de la crisis financiera mundial y aquí también, como en Estados Unidos, el gobierno se preocupa por entidades que, como allá, son muy grandes para quebrar.