Hace dos semanas titulaba esta columna como “Transparencia”, haciendo énfasis en la necesidad que tiene Guatemala que el gobierno aproveche el buen ritmo que lleva todavía en el Legislativo, así como la vigencia de sus alianzas, para poder impulsar las leyes relacionadas a la transparencia y lucha contra la corrupción.
Mencioné también lo que se escuchaba entonces acerca de una propuesta de leyes relacionadas a estos temas, de parte del Ejecutivo. Quiero hablar nuevamente de este tema, pues abordarlo seriamente puede permitir generar un mayor clima de confianza entre los ciudadanos y extranjeros deseosos de visitar o invertir en Guatemala.
Para el día de hoy, ya se conocen algunos detalles de la propuesta del Ejecutivo. Incluso algunos medios de comunicación han trasladado a la opinión pública parte de su contenido. En este espacio más que criticar este paquete, quiero hacer énfasis en algunos puntos que considero importante no sean dejados fuera del mismo, puntos que varias iniciativas de ley que ya se encuentran en el Congreso sí toman en cuenta.
Y me voy a centrar en una cuestión muy específica: ¿Cómo hacemos para que los funcionarios y empleados públicos dejen de estarnos robando y dejen de prestarse para actos de corrupción?
Mucho se ha escuchado acerca de la iniciativa de Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito o de reformas relacionadas con la Ley de Probidad. Ambas tienen en su contenido herramientas para que los ciudadanos podamos denunciar a los corruptos, y sobre todo para que el sistema de justicia pueda castigarlos con penas y multas más duras y realistas, no como las que actualmente se contemplan en el Código Penal. Es necesario que el nuevo paquete de leyes de transparencia que impulsa el Ejecutivo tome en cuenta estos contenidos para no quedarse corto y dejar puertas abiertas a la evasión y elusión de las normas.
Entre los contenidos que considero deben tomarse en cuenta, están la tipificación de otros delitos además del de enriquecimiento ilícito, como lo son el de falsedad en la declaración jurada patrimonial, testaferrato (bien definido tanto para el que se presta a ser testaferro, como para quien los utiliza), tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.
Además, deben revisarse y ajustarse las sanciones, tanto de prisión como pecuniarias, que actualmente se otorgan a delitos como peculado o cohecho en sus diferentes variantes, abuso de autoridad o incumplimiento de deberes, entre otros. Estas sanciones deben ser un verdadero castigo que haga pensar dos veces a un funcionario, antes de cometer o permitir la comisión de un acto de corrupción.
Para que estas leyes y reformas sean viables y no se mantenga el círculo vicioso de la corrupción en el que participan tanto funcionarios y empleados públicos, como individuos y personas jurídicas, deben darse espacios e incentivos para que existan denuncias contra aquellos que corrompen el sistema
Lo más importante es que se aproveche este momento en el que aún el Legislativo está caminando y que se hagan las reformas necesarias para luchar contra el fin de la corrupción. Estas reformas deben ser integrales y profundas, no hechas por salir del paso y quedar bien con la opinión pública y comunidad internacional, tal y como ha sucedido en otros gobiernos. Invito al Ejecutivo para que así como proclama un programa para llevar a los mejores al gobierno, también abra los espacios para que los mejores técnicos y expertos conozcan y opinen de forma objetiva sobre sus propuestas y consoliden algo que pueda beneficiar a todos los guatemaltecos.