En las más recientes elecciones, la mayoría de los ciudadanos que votaron por el entonces candidato presidencial Otto Pérez Molina estaban desesperados y hastiados de la violencia criminal imperante, aunque otro menor porcentaje hizo lo mismo, pero no tanto por simpatizar con el abanderado del Partido Patriota, sino para evitar la continuidad del Gobierno de la UNE en la persona de su presidenciable Sandra Torres.

Como fuere, es evidente que quienes le concedieron el triunfo al ahora gobernante fueron seducidos por la promesa del aspirante presidencial de aplicar inmediatas y severas medidas en contra del crimen organizado y otras manifestaciones de la delincuencia, atendiendo su eslogan de sancionar con “mano dura” a todos los antisociales, entre los cuales narcotraficantes, asesinos, secuestradores, extorsionadores y cualquier clase de ladrones, además de limpiar al Estado de funcionarios corruptos y de iniciar procesos expeditivos para enjuiciar a cuanto sujeto indeseable fuera necesario.
 
El guatemalteco común y corriente que se inclinó por la opción presidencial del PP, sin detenerse a reflexionar y analizar la complejidad del fenómeno delincuencial, confiaba que tan pronto como el militar Pérez Molina asumiera el cargo, su Gobierno iniciaría arremetida indiscriminada contra todos los criminales y que, como consecuencia de disposiciones impetuosas e incluso arbitrarias y, por ende, al margen del ordenamiento jurídico, en cuestión de días o, a lo sumo, de pocas semanas, en la totalidad del territorio nacional  no se asomara por las calles un solo delincuente.

Pero, al parecer, los que no se tomaron en serio los compromisos electorales del candidato del PP, o que, hasta el momento, no se han enterado del cambio de Gobierno, son precisamente las bandas de criminales, porque si uno se atiene a las publicaciones de los diarios de la mañana en sus páginas de la crónica roja, especialmente los matutinos sensacionalistas, los malhechores siguen haciendo de las suyas, con cauda cotidiana de asesinatos, homicidios, extorsiones desde los centros carcelarios, secuestros, asaltos a vehículos del transporte colectivo, masacres, robos de celulares y otras acciones reñidas con la Ley, todo lo cual está creando una especie de prematuro desencanto y frustración entre los guatemaltecos que esperaban un sorprendente, implacable e irreflexivo cambio en la persecución criminal.

Como suelo acudir a los ejemplos, cito al diario Prensa Libre, al que no se le puede calificar de amarillista, menos de simpatizante del Gobierno del expresidente Álvaro Colom y, en consecuencia, crítico del actual régimen, en su edición del pasado martes incluye en la página 10 el titular “Criminalidad asedia a vecinos de la zona 18” e informa  que residentes de unas 50 colonias de ese sector “se mantienen en zozobra por la ola de criminalidad prevaleciente”, como ocurre en otras áreas de la capital y regiones del país.

Sin embargo, la PNC presentó estadísticas que señalan que en febrero último se registraron menos muertes violentas que en el mismo mes de 2011, y según un viceministro de Gobernación esta disminución es resultado del trabajo de los  operativos de las “fuerzas de tarea” y que en seis meses se hará una evaluación para arribar a conclusiones. Así que no hay más que darle tiempo prudencial al Gobierno de la mano dura.

(Un agente de la PNC de las fuerzas de tarea pregunta a su jefe Romualdo Tishudo:-¿Cómo puede un hombre pasar tres días sin dormir?  El comisari