La historia del Fondo Guatemalteco para la Vivienda, creado en el año 1996, no ha sido precisamente la historia de un exitoso subsidio filantrópico del Estado otorgado para que los más pobres tengan casa. Ha sido la historia de un cooperativo enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios de la institución, y algunos empresarios constructores de viviendas.

Podemos conjeturar que ese cooperativo enriquecimiento logró un cómodo y autorizado esplendor durante el gobierno del presidente Álvaro Colom Caballeros.
    Esa historia muestra un ejemplo de corrupción de la administración gubernamental, cuyas heterogéneas modalidades ha denunciado, en recientes declaraciones públicas, el señor Fernando Páiz Maselli, quien es miembro de la Junta Directiva del Fondo Guatemalteco para la Vivienda, en la cual representa a la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda. Las modalidades de corrupción han sido, por ejemplo, anticipar el pago de millones de quetzales para construir viviendas; adjudicar contratos que no cumplen requisitos legales; omitir el pago de fianzas que garantizan el cumplimiento de contratos; pagar por la construcción de  casas que no tienen la calidad exigida; y otorgar un subsidio mayor que el legalmente autorizado para construcción de viviendas.
    Un reciente informe de la Contraloría General de Cuentas revela la contratación ilegal o ilícita de construcción de viviendas por un valor de cincuenta millones de quetzales; el pago anticipado “excesivo” de contratos por un valor de casi 10.5 millones; el incumplimiento de contratos y correspondientes fianzas no pagadas por un valor de por lo menos 16.7 millones; y el “exceso de desembolsos” por  contratos cuya ejecución no mostraba progreso, por un valor de casi 15 millones. El informe también revela que no fueron cumplidos contratos de construcción de 2,104 viviendas; y que no había “documentación técnica” que comprobara la construcción de 2,293 viviendas.
    El señor Fernando Páiz Maselli ha declarado que principalmente cuatro empresas, que son propiedad de un mismo empresario, han estado vinculadas con contratación ilegal o ilícita de construcción de vivienda, incumplimiento de contratos, omisión de fianzas o incumplimiento del pago de fianzas, “exceso” de dinero anticipado o “desembolsado”, contratos pagados por construcción de casas que no cumplen los requisitos exigidos, o carencia de “documentación técnica” que compruebe el cumplimiento de contratos. El propietario de las cuatro empresas era, por medio de una de ellas, miembro de la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda; pero él y la asociación convinieron en que ya no fuera miembro, precisamente por tener aquella vinculación.  Estoy enterado de que el abogado defensor de esas empresas argumentó, en una reunión con investigadores de la Contraloría General de Cuentas, que tales empresas no podían ser acusadas de incumplir contratos y ser objeto de demanda judicial, porque el tiempo del cual disponían para cumplirlos era ilimitado.
    La Junta Directiva del Fondo Guatemalteco para la Vivienda ha promovido la persecución penal de ex funcionarios públicos y de empresarios que se han aprovechado de esa institución estatal para consumar una productiva obra cooperativa enriquecimiento ilícito. Para tal fin han sido presentadas treinta denuncias penales.
      Post scriptum. La Ley de Vivienda recientemente decretada, crea el Fondo para la Vivienda, que sustituirá al Fondo Guatemalteco para la Vivienda. Esperaríase que la nueva institución elimine o por lo menos reduzca las oportunidades de corrupción.