Ahora que está en proceso la selección de un (nuevo) Procurador de Derechos Humanos, de nuevo surge la insistencia que tienen nuestros políticos de destinar la mayoría, si no es que todos, de los altos puestos del Estado para profesionales del Derecho.

En casi todos nuestros cargos que se destinan por medio de la postulación, se requiere a un abogado colegiado, con varios años de servicio activo. En algunos casos, esta consideración podría ser justificable, como en el caso del sistema de justicia. Sin embargo, incluso esto es ya motivo de duda, porque son los mismos abogados que han denigrado este sistema, a tal punto de hacerlo inoperante.

Pero volviendo al principio, habría que hacer una revisión histórica del predominio de la abogacía en los puestos principales del Estado. Y bastaría con mencionar que hasta antes de la mitad del siglo XX, la oferta académica en la Universidad de San Carlos, la única que operaba en ese entonces en el país, ofrecía pocas opciones para los aspirantes a profesionales. El estudio de la Medicina y el Derecho han sido las únicas dos carreras que se han mantenido desde la fundación del alma máter desde tiempos coloniales, alternando con la Filosofía, la Teología y la Química.

En ese contexto se explica, por ejemplo, que los “intelectuales” de la Independencia eran o abogados (como José Cecilio del Valle), médicos (como Pedro Molina) o sacerdotes. Pero lo que menos hacían era ejercer su profesión. Quizá si para entonces hubiese habido la carrera de periodismo o ciencias políticas, ésa hubiera sido una mejor opción para todos ellos.

Saltando casi un siglo, recordemos que nuestro Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, optó a la carrera del Derecho, la cual ni siquiera llegó a ejercer. Sin embargo, su opción es fácilmente entendible cuando se reconoce que todos los aspirantes a escritores o periodistas creían que la mejor opción era estudiar Derecho, porque dentro del pensum se incluían cursos de retórica, por mencionar sólo alguno.

Aún ahora, con mayor oferta académica, la carrera de Derecho es la que más aspirantes posee, y su colegio profesional, el que más miembros tiene.

No es de extrañar, pues, por ese predominio casi hegemónico de los abogados en puestos de poder, que ellos mismos hayan sesgado la conformación de un Estado en donde para participar se requiera, necesariamente, tener el título de abogado.

Tan sólo se han reservado algunos puestos que, por obvias razones, los mismos abogados se desmarcan, como en la Contraloría, SAT, Finanzas, Banguat, que se les deja a los colegiados en economía. Y en el ámbito de la salud, que se destina a los médicos.

Más recientemente, se determinó que el titular del Renap sea un Ingeniero en Sistemas, aunque en algún momento hubo protestas por parte de los notarios que registran a las personas, casi exigiendo que el director fuese, también, un abogado.

De los últimos presidentes de la era democrática, cinco de ocho presidentes han sido abogados, o al menos estudiaron para serlo; dos más han sido ingenieros y otro, el actual, militar. Si revisamos en el Congreso de la República, estaría casi seguro de que más de la mitad son abogados.

Desde entonces ha surgido ese famoso trabalenguas (que, cabe decirlo, ha tenido múltiples variantes posteriores), que dice así: “el Estado de Guatemala se quiere desabogadizar, el desabogadizador que lo desabogadice primero, buen desabogadizador será”.

Y así encontramos que casi todo el Estado está abogadizado. Empezando por el PDH, pasando por el Organismo Judicial, el MP, el Inacif, el IDPP y un largo etcétera. De esa forma, jamás podremos tener un Estado con expertos tecnócratas en sus áreas.

En Guatemala, tenemos muchos prejuicios (es decir, ideas preconcebidas, que creemos que no podemos cambiar) y una de ellas es creer que sólo los abogados pueden acceder a esos puestos de poder.

Pero, ¿por qué no creer que la PDH pueda estar dirigida, más bien, por un filósofo humanista? ¿O el Inacif por un antropólogo forense? De esa manera, creería que el Ministro de Ambiente debería ser un ambientalista, y no un abogado experto en leyes ambientales.

Es realmente un atentado a la democracia el restringir las profesiones, y la abogadización es un mal mayor. Pero de la misma forma sería restringir que tal o cual funcionario debería hablar un idioma indígena, o tocar algún instrumento de viento metal, por ejemplo. En realidad, los puestos deberían tener un perfil muy amplio, siempre y cuando demuestren conocimientos en la materia, sobre todo en el caso de ciertos puestos, como la Contraloría.

Sin embargo, en la misma Contraloría hay quejas de que parte de la auditoría contable únicamente es un ámbito de la fiscalización, pero en realidad necesitan auditar obras físicas, para lo cual sería deseable un ingeniero civil, por ejemplo.

En el MP, dominado por abogados, hay quejas de que no pueden investigar en áreas difíciles, como en aspectos financieros, porque no son expertos. ¿No sería ideal, pues, que también tuvieran equipos de economistas y auditores? De la misma forma, sería deseable que tuvieran lingüistas, antropólogos, sociólogos, médicos, ingenieros y otras tantas especialidades, porque el crimen es tan complejo, que no basta con saber de leyes para saber cuáles de éstas se trasgreden.

Y si anualmente gastamos una fuerte suma para mantener a trece magistrados de la CSJ, y diez de la CC, sería maravilloso que diversificáramos sus profesiones, y que en vez de tener a 23 abogados, tuviéramos, por ejemplo, un artista, un antropólogo, un ambientalista, un médico, un arquitecto, un economista, un trabajador social, etc., discutiendo sobre qué es justicia y qué no, porque los abogados han reducido el concepto de justicia a reconocer si, simplemente, está dentro de la ley, o no.

Porque los Estados actuales son tan complejos que no basta con manejar las leyes. Además, los mismos abogados se contradicen, porque hay una famosa normativa que dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, si todos somos conscientes de las leyes, ¿por qué insistir en que hay expertos en este tema?