Durante el gobierno anterior la institución de la Presidencia de la República vivió sus momentos más deleznables porque desde el día de su investidura, el señor Colom resignó el mando para dejar que fuera su esposa la que tomara las decisiones importantes. Entre los ministros y altos funcionarios era célebre que las sesiones de gabinete de los lunes era una pérdida de tiempo, porque el miércoles había gabinete de Cohesión Social y lo que allí se decidía era lo importante y lo que contaba.

Demasiadas veces se revocaron decisiones tomadas en el Consejo de Ministros y los ministros, aún los que presumen de haber rendido cuentas, acataban sin chistar las nuevas instrucciones sabiendo que el pobrísimo carácter del Presidente no serviría para intentar alguna resistencia.

Y si el Presidente fue un cero a la izquierda, qué decir del pobre Vicepresidente de la República, quien ni siquiera llegó a tener una función decorativa en el esquema de gobierno. Todas las decisiones importantes, salvo las que tenían que ver con los financistas y el pago de los favores políticos, fueron dispuestas por la esposa del Presidente, incluyendo desde luego las transferencias presupuestarias para engordar los fondos destinados a elevar su imagen con fines electorales. Se dio el lujo ella de impedir la aprobación de un Presupuesto General de la Nación propuesto por los funcionarios de su marido y en el Congreso usó a los diputados oficialistas para torpedear esa norma de orden financiero.

Esa realidad se observa ahora cada día con mayor claridad y por lo tanto es no sólo justo y necesario, como decimos los católicos en el prefacio, sino absolutamente impostergable, que se conozca el manejo de las cuentas del Registro General de la Propiedad para ver si hubo o no traslado de fondos para financiar la campaña de la señora Torres de Colom. La Comisión Nacional Registral, que pegó el grito en el cielo cuando la Contraloría anunció su intención de auditar las cuentas del Registro, tendría que adelantarse publicando las auditorías realizadas por firmas privadas, para que los guatemaltecos sepamos cómo es que se ha gastado el dinero público que llega al Registro. Porque dinero público es el que por mandato de un acuerdo gubernativo se le cobra a los usuarios de esa institución para que puedan llevar al día el control de las propiedades muebles e inmuebles.

Yo conozco y les tengo respeto a varios de los figurones que hay en la Comisión Nacional Registral, pero la única forma en que uno puede mantenerles ese respeto es si se adelantan a los resultados de la Contraloría de Cuentas y nos presentan una rendición de sus cuentas en forma clara y categórica. Ciertamente por tradición el registro se ha manejado como si fuera un reducto para el abogado que nombra el Presidente para que lo dirija, en lo que ha sido históricamente la mayor canonjía del país para premiar a alguien con enormes ingresos sin que tenga que robar. Y lo digo con algún conocimiento de causa, porque mi abuelo mismo fue Registrador de la Propiedad en dos ocasiones, una breve en tiempos de Arévalo y otra más estable, de cuatro años, en el gobierno de Carlos Arana Osorio y aunque nunca supe cuánto fue su ingreso, si sabía que era muy considerable y que se los llevó la devaluación del peso mexicano porque mi tía, quien los administraba, los convirtió en pesos y los depositó en ese país donde se terminaron esfumando.

Entiendo perfectamente la necesidad de fiscalizar los fondos del Registro y especialmente a la luz de la forma en que se manoseó la institucionalidad de la Presidencia y de todas las dependencias públicas cuando ejerció el poder, sin mandato, la esposa del gobernante con menos carácter y atributos que ha tenido el país.