Hay un alboroto por el tema de la despenalización de la droga, pero nadie repara que en Guatemala, por un acuerdo entre autoridades y las empresas de telefonía, virtualmente está despenalizado el robo de celulares porque no hay forma de evitar que ocurran ni de castigar a los ladrones o a los vendedores ni a quienes hacen el flasheo. No me preocupa tanto el tema del valor de los celulares robados, es decir en términos económicos aunque allí está la clave de todo.

Me preocupan las vidas que se pierden, los traumas psicológicos y físicos que dejan esos asaltos a mano armada y la indiferencia de una sociedad ante más de cien mil casos reportados anualmente.
 
 Claro está que el negocio está precisamente en la enorme facilidad que hay para vender y activar los celulares robados. Eso beneficia a los ladrones, beneficia a los que se dedican a ese comercio cruel y sangriento y beneficia a quienes venden tiempo de aire para que esos aparatos puedan ser utilizados nuevamente sin ninguna restricción, sin que importe que las manos que los ofrecen estén manchadas de sangre. Tengo el caso de un colaborador nuestro en La Hora al que asaltaron recientemente para robarle el celular. Le pusieron la pistola en la cabeza y el pobre joven, es un muchacho, no quiere ni salir de la casa y prefiere perder el empleo, según ha dicho, que tener que recorrer nuevamente las calles por las que sufrió el asalto.
 
 Casos como el suyo hay por miles porque diariamente son miles las víctimas de robo de celulares. Y el remedio está en el registro, en la publicidad que la SIT tiene que hacer además de los reportes que por ley debiera mantener públicos, pero que escamotean a la gente. Pero hay demasiados casos en los que un teléfono le costó la vida a alguien porque la indolencia de nuestras autoridades y la actitud voraz de las telefónicas no permite que se implementen las medidas que en otros países han significado la drástica reducción de ese robo sangriento.
 
 Es simple cuestión de voluntad, el Congreso podría y debiera pasar una ley que obligue al registro de todos los aparatos y castigue a quien active uno que no cumple con el registro. Claro que habrá menos celulares y que mucha gente que los utiliza para extorsiones y para actividades ilícitas o dudosas, saldrían afectados por la existencia de esos registros. Claro que las telefónicas dejarían de ganar algo de dinero, no mucho, pero sí una cantidad a la que no quieren renunciar aunque ella signifique la constante de robo con secuelas de muerte y de trauma para mucha gente.
 
 Si tanto le ofende a algunos ese planteamiento de la despenalización de la droga, que persigue al final de cuentas salvar vidas, lo que debieran hacer es exigir el máximo rigor para penalizar el robo de celulares, para castigar el robo, pero también para sancionar a los que se dedican al comercio con los aparatos de mala procedencia y para quienes los activen con tal de hacer más dinero. Si el celular no se puede activar deja de ser un producto atractivo al punto de que se roban más de cien mil de ellos al año. Y es un comercio inhumano, cruel y despreciable el que realizan todos los involucrados en la cadena que alienta y mantiene vivo el negocio de vender y operar ese tipo de artículos que se ofrecen en el mercado negro con la misma tranquilidad con la que el chiclero de la esquina puede vender sus dulces y golosinas. La solución en este caso es mucho más fácil que en el de las drogas, pero hace falta honestidad y decencia para alcanzarla.