Las 12 comunidades cakchiqueles de San Juan Sacatepéquez aseguran que han sido objeto de criminalización por parte del Estado de Guatemala por defender el respeto de la tierra y el territorio donde viven.

Estas comunidades dicen que no existe voluntad política para resolver las causas reales del conflicto generado por la minería.

Creen que al continuar con esta práctica de represión profundizará la conflictividad, ya que este tipo de actos tienen como objetivo silenciar la voz de las comunidades  y pueblos indígenas.