Un juez de inmigración de la Florida allanó el camino para que un exministro de Defensa de El Salvador sea deportado a su país por haber participado o ayudado en torturas y masacres durante la guerra civil de la nación centroamericana, en los años 80.
El magistrado James K. Grim falló ayer en Orlando que el general Eugenio Vides Casanova puede ser deportado de Estados Unidos por una serie de matanzas y torturas cometidas en su país entre 1979 y 1989.
El fallo del juez fue revelado por el Centro para la Justicia y Rendición de Cuentas y confirmado hoy por Nicole Navas, portavoz del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.
Al igual que otros militares salvadoreños que se refugiaron en Estados Unidos en busca de tranquilidad, Vides Casanova no puede ser juzgado en su país debido a una ley de amnistía aprobada en 1993.
Sería la primera vez que la justicia de migración estadounidense determina que un exoficial castrense extranjero puede ser deportado por las masacres cometidas, después de la aprobación en el 2004 de una ley que buscaba impedir que violadores de derechos humanos llegaran o se establecieran en este país.
La portavoz de Migración, Navas, declinó efectuar declaraciones alegando que se trata de un caso que aún no ha sido resuelto definitivamente.
Vides Casanova tiene aún la posibilidad de explicarle a las autoridades de migración por qué desea permanecer en Estados Unidos.
Su abogado, Diego Handel, dijo en un mensaje de correo electrónico que no podía efectuar declaraciones porque el caso aún no había sido cerrado.
Vides Casanova fue uno de los principales aliados de la política de contrainsurgencia de Estados Unidos en Centroamérica en los años 80 y como muchos de los militares que integraron la cúpula militar durante el conflicto salvadoreños se fueron a vivir a Estados Unidos cuando concluyó la guerra en 1992.
Debido a una amnistía promulgada en 1993 por el expresidente derechista Alfredo Cristiani, pariente político de Vides Casanova, los militares que estuvieron en activo durante la guerra (1980-1992) no pueden ser juzgados por violaciones a los derechos humanos.
Los familiares de las víctimas han buscado justicia en el país donde residen los exoficiales y a través de juicios civiles.
En una demanda previa en su contra por torturas a tres salvadoreños, la justicia estadounidense determinó que él y Guillermo García, otro exministro de Defensa de El Salvador, tenían que pagar 54,6 millones de dólares como resarcimiento económico a tres víctimas de violaciones de derechos humanos en su país.
Tras perder una apelación en el 2006, Vides Casanova tuvo que entregar más de 300 mil dólares de sus activos.
Casos de torturas
El general retirado de la Fuerza Armada de El Salvador, Eugenio Vides Casanova, enfrenta un nuevo proceso legal en Estados Unidos. De acuerdo a un reportaje The New York Times, este lunes inició un juicio de deportación en su contra por su presunta participación en torturas mientras comandaba el Ejército salvadoreño durante la guerra civil (1980-1992).
El artículo del periódico estadounidense indica que el caso del Vides Casanova es aclamado por organizaciones de derechos humanos por ser la primera vez que una Oficina Especial de Derechos Humanos del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos ha imputado cargos migratorios contra un alto comandante militar de un país extranjero.
Ante este panorama, los defensores de los derechos humanos en El Salvador señalaron a ContraPunto que el juicio en contra de general retirado hace un llamado a la justicia salvadoreña para que se haga justicia internamente.
“Son mensajes que está enviando EE. UU., como para decirnos a nosotros, miren señores, hagan justicia en sus países, no queremos hacer justicia nosotros”, dijo Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador.
“En materia de derechos humanos, quizá es un reto para las autoridades de nuestro país, para que tratemos de hacer justicia acá, no que sean otros países los que hagan justicia. Pero yo hago también un llamado para reformar o derogar la Ley de Amnistía, porque la verdad que es el grave problema que tienen aquí los familiares de las víctimas de graves violaciones es el acceso a la justicia”, añadió Medrano.
En 1993 se promulgó una Ley de Amnistía en El Salvador, la cual protege a todos los que cometieron crímenes y violaciones de lesa humanidad durante los 12 años de guerra interna.
También Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), consideró que “es importante este juicio porque se les hace un llamado a las autoridades locales, al gobierno, para que se tomen cartas en el asunto”. Además señaló que se necesita que las autoridades locales “sean operantes” porque siempre ha habido un “vicio permanente en el sistema de justicia”.
Por aparte, Benjamín Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), consideró que EE. UU., a pesar de sus defectos, “tienen instituciones que funcionan. Precisamente, como en El Salvador no funcionan, está ocurriendo esto en Estados Unidos”.
“Estos esfuerzos que se hacen afuera del país son complementarios a lo que debe de hacer aquí adentro”, consideró.
Además añadió que este juicio “es un mensaje para la víctimas en primer lugar, porque aunque la justicia tarde, puede llegar, puede llegar si la gente lucha por encontrar la verdad y justicia. También deja un mensaje para los victimarios, que no están seguros en ningún lugar”, dijo Benjamín Cuellar.