Unos 25 médicos forenses de seis nacionalidades concluyeron ayer la autopsia de las 360 personas muertas la semana pasada en un incendio en una prisión de Honduras.
«Ese proceso ya concluyó, pero los forenses de México, Chile, Perú, El Salvador, Guatemala y Honduras continúan con el trabajo de identificar plenamente los cadáveres», dijo el portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte.
Informó que unos 40 cuerpos han sido entregados a sus parientes para que los sepulten.
En el incendio de la granja penal de Comayagua, a unos 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa, fallecieron 359 hombres y una mujer, que visitaba la noche del 14 de febrero a su marido.
Muchos reos murieron carbonizados abrazados a los barrotes de las celdas, otros asfixiados por el humo o ahogados al lanzarse a pilas de agua del penal en un intento de protegerse de las llamas.
Seis expertos del Equipo de Respuesta Internacional del Buró de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF, en inglés) determinaron que el siniestro fue accidental.
Tras cinco días de investigar el caso, el ATF dijo en un informe preliminar que la causa del fuego pudo ser una llama abierta no limitada a un cigarro, encendedor o fósforos porque no recuperó la fuente real de la ignición.
Consideró que el fuego habría iniciado en el módulo seis de la prisión, que encendió después materiales inflamables cercanos.
Ante tal situación, Marina Redondo, vocera de los familiares de las víctimas, dijo en rueda de prensa que «ese informe no arroja un resultado cien por ciento seguro… y pedimos una nueva investigación».
Pero el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, dijo a periodistas que «el informe de los especialistas de Estados Unidos es preliminar y hay que esperar el resultado definitivo del mismo».
Duarte sostuvo, sin embargo, que «la fiscalía considera aceptable el documento del ATF y no proyecta realizar una nueva investigación al respecto».
Las 24 cárceles hondureñas albergan unos 12 mil reos, de acuerdo a cifras oficiales del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y el sistema tiene capacidad para 8 mil.
Critican a las autoridades
Con una mezcla de indignación y tristeza, los hondureños de Estados Unidos afirman que las autoridades de su país no se pueden quedar cruzadas de brazos ante el incendio de la cárcel de Comayagua que mató a 360 personas y piden que se tomen medidas para asegurar que el frágil sistema carcelario hondureño no cause otra tragedia.
«Estamos pidiendo que se haga una investigación enérgica. Ya le hemos enviado cartas al presidente Porfirio Lobo pidiéndole que se investigue a fondo qué fue lo que pasó», declaró Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, una de las principales asociaciones de hondureños en el sur de Florida.
Agregó que el gobierno hondureño debe reformar el sistema penitenciario porque hay otras diez cárceles que están a punto de colapsar.
«No puede ser que después de lo sucedido en San Pedro Sula, en 2004, donde murieron 107 reos carbonizados tras un incendio originado por un corto circuito, sigan pasando cosas así. Esto no puede quedar en la impunidad», recalcó Portillo.
Del mismo parecer es Claudia Moreno, hondureña que lleva 12 años en Nueva York. «Es muy lamentable que se pierdan tantas vidas, yo creo que es un descuido de la autoridad, de falta de logística. Creo que el hecho de que haya tal hacinamiento en las cárceles -la Granja Penal de Comayagua se calcula que recluía el doble de su capacidad- hace que no se distinga el grado de delincuencia de los presos y eso provoca que todo el mundo se degenere».
«Dicen que muchos no habían recibido sentencia, que había mucha gente inocente en espera de proceso. Imagínese», agrega Moreno. «Honduras es realmente frágil en este sentido. No existe un sistema para que la gente en la cárcel se regenere, es un descuido total, las autoridades tienen un descuido total».
Moreno sostuvo que hay que llevar a cabo una investigación «no tanto para culpar, porque ya no hay solución, sino para mejorar los errores».
Algunas de las víctimas tenían familiares en Estados Unidos, como Olimpia López, que reside en Miami, y quien aún no puede entender cómo pudo ocurrir esta tragedia en la cual murieron sus primos Óscar y Selvin Zavala Machado, de 16 y 23 años, respectivamente.
«Para la familia esto es un drama terrible, pero en especial para mi tía Olga Machado, porque imagínese usted que, de golpe, se le mueran dos hijos de esta manera», dijo López, quien explicó que el 29 de febrero viajará a Siguatepeque para acompañar a su familia.
«Es muy triste que un joven como Oscarito, que estaba en la cárcel por robarse una bolsa de churros, haya muerto así. Tenemos que saber la verdad de lo que pasó», dijo López.
Abundan las sospechas de que el incendio no fue un accidente.
«Hay varias hipótesis de que la causa fue un corto circuito o una colchoneta que se incendió», manifestó el dirigente comunitario Portillo. «Si fue una colchoneta que se prendió, pues entre todos la hubieran podido apagar o evitar el incendio. Yo tengo un presentimiento, de que hubo mano criminal. Para mí, calcularon mal una fuga. Iban a crear el problema e iban a aprovechar para huir, pero la cosa no salió así».
«Muchos vecinos han manifestado que sintieron un fuerte olor a combustible y las llamas que se vieron o la magnitud del incendio no pudo haber sido ocasionada por una colchoneta. Ahí hubo manos criminales. Ahí rociaron de gasolina y muchos reos lo dicen», insistió.
Según un informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras entregó a inicios de mes a un organismo de Naciones Unidas, la mayoría de los confinados en esa granja de rehabilitación, el 57%, no habían sido condenados en juicio y muchos fueron detenidos únicamente por tener un tatuaje, lo que para los autoridades era suficiente para considerarlos sospechosos de pertenecer a las violentas pandillas juveniles que operan en esa y otras naciones centroamericanas.
Pero aunque fueran o no delincuentes, el sentir general de la comunidad hondureña es que los reos eran «seres humanos que no merecían morir de esa manera», tal como apuntó Rosa Díaz, quien reside en Miami desde hace 10 años.
Para Díaz no es suficiente que hayan sido suspendidos de sus cargos los funcionarios del sistema carcelario que estuvieron vinculados a este caso, pues el problema va más allá y es la sobrepoblación que se vive en las cárceles de ese país.
Por su parte, Jorge Matute, que dejó Honduras hace 18 años y que reside en Nueva York, opinó que lo ocurrido que es un ejemplo de que en su país «no hay respeto por la vida humana».
«Los delincuentes también tienen derechos», expresó.
Matute estima que aunque se haga una investigación esta no va a solucionar el problema: «Definitivamente que no, yo digo que a los centroamericanos y toda América Latina se nos olvida fácil lo que alguien hace, nadie es juzgado».
Actualmente, los consulados de Honduras de Estados Unidos tienen a disposición un servicio para ayudar a los familiares de las víctimas con información y trámites, para quienes deseen viajar a su país.
«A pesar del elevado número de hondureños que hay en Florida (se calcula que hay 70 mil), al consulado solo llegó un señor que perdió a su hermano en el incendio de Comayagua. Él estaba con el TPS y en el momento en el que le explicamos que para viajar tenía que tener un permiso de Inmigración, desistió de la idea de viajar», explicó la cónsul de Honduras en Miami, Lizeth Hawit.
Por su parte, el consulado de Nueva York (se calcula que hay unos 60 mil hondureños en la llamada área triestatal que abarca Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) dijo el pasado martes haberse contactado con el hermano de uno de los fallecidos.