«Mi Familia Progresa» (MiFaPro) ha erogado más de 981 millones de quetzales, según se puede establecer con el documento que presenta la página de Internet oficial del programa.

El sitio Web de MiFaPro (www.mifamiliaprogresa.gob.gt) presenta un documento en PDF, el cual ofrece la información de las familias de los beneficiarios del programa. Sin embargo, éste no permite la impresión ni la alteración a través de programas informáticos, lo cual dificulta la revisión para la fiscalización.

Este inmenso listado de beneficiarios, que contiene más de 13 mil páginas, podrí­a mostrar algunas inconsistencias, pero que, sin poder reorganizar la información, se podrí­an evaluar.

Sin embargo, personal técnico de Diario La Hora logró «romper» parte de la seguridad extrema que contení­a el documento, lo cual facilitó la ordenación de datos; ello conllevó a una mejor disposición de la información y, a su vez, mejorar la forma en que se fiscaliza la información.

El equipo técnico de Diario La Hora logró decodificar el documento, y se extrajo la información del archivo de sólo lectura, en formato PDF, y reordenar la información en una hoja electrónica, en la cual se puede reordenar la información bajo distintos criterios: en orden alfabético, por región o por montos de pago.

En total, se pudo establecer que más de 981 millones de quetzales se habí­a repartido hasta diciembre del año pasado (Q981,686,250 exactamente), que se ha distribuido entre más de 472 mil familias (472,062 exactamente).

Entre los datos que pueden ser visibles ante un reordenamiento de la información, se estableció que podrí­an existir más de 44 mil nombres duplicados (44,062). Sin embargo, esto podrí­a tener la explicación de que se tratan de homónimos, lo cual hace necesario que el documento contenga la información del número de cédula, lo cual carece.

Sin los números de cédula, no se puede corroborar si estas repeticiones son homónimos o duplicados.

Haciendo cálculos ociosos, se puede establecer cuánto recibe, en promedio, cada beneficiario, y esto, multiplicado por los 44 mil supuestos duplicados, se tendrí­a una cantidad de 95 millones de quetzales que no pueden ser corroborados.

Según los datos recuperados por el equipo técnico de este vespertino, el dinero entregado a las familias en total, hasta diciembre 2009, es de 981 millones 686 mil 250 (Q981,685,250.00), dejando un promedio de 2 mil 76.95 por familia (Q 2,076.95).

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala y que podrí­a recibir un listado para su fiscalización, al conocer estos detalles revelados por Diario La Hora, asegura que se hace imprescindible que los beneficiarios sean identificados también por el número de cédula, ya que esto es vital para la fiscalización exhaustiva.

Montenegro también criticó que el documento original no contenga totales ni subtotales del dinero proporcionado.

Edgar Rosales, vocero de los programas de Cohesión Social, argumentó que estas repeticiones son personas con nombres homólogos, y que no implica que haya duplicidades.

Según Rosales, se ha tenido algunas denuncias de duplicidades en el código correlativo del número de familia dentro del programa, pero que esto tendrí­a su multa respectiva, dictaminada por la Contralorí­a General de Cuentas.

El vocero de Cohesión Social justificó estas duplicidades en los códigos, por fallas técnicas desde el Instituto Nacional de Estadí­stica, ya que censó dos veces a la población, pero que, en el momento del pago, se hizo sólo una vez, según Rosales.

OTROS DETALLES

Alta Verapaz serí­a el departamento con más alta incidencia en cuanto a pagos, con 98 mil 220 familias, devengando 230 millones 69 mil 950 quetzales.

Quiché le sigue con 68 mil 810 familias, cobrando 194 millones 837 mil 250 quetzales.

REACCIONES

La ya citada diputada Montenegro, no entiende la postura del ministro de Educación, Bienvenido Argueta, en querer ocultar la información de los número de cédula de vecindad de los beneficiarios, ya que ésta es la única forma de conocer si hay duplicidades o si son homónimos.

La Ley de Acceso a la Información Pública se basa en el principio de la máxima transparencia en el manejo y ejecución de fondos públicos, recordó la legisladora.

Montenegro logró que la Corte Suprema de Justicia emitiera una orden para que el Ministro de Educación le entregue toda la información requerida, la cual, hasta la hora del cierre, no habí­a sido entregada. En dado caso no se entregue hoy, la diputada aseguró que accionará en la Corte de Constitucionalidad para que sea destituido (LEA NOTA: En pie solicitud de destitución de Ministro).

Por su parte, Otto Pérez Molina y Alejandro Giammattei, ex presidenciables, comentaron que estos listados deben transparentar el proceso, porque si no podrí­a implicar que el ministro Argueta esté involucrado en un proceso penal por incumplimiento de la Constitución de la República.