“La niñez es el futuro”, reza una vieja frase, pero las condiciones de pobreza llevan a trabajar desde temprana edad a 851 mil niños y niñas, a quienes les espera un sombrío futuro.

Un gran porcentaje de esta población trabajadora es explotada por conocidos o familiares, quienes afectados por la misma pobreza, les envían a las calles o los encierran en locales para que trabajen en la oscuridad de la clandestinidad, robando así su capacidad para soñar y prepararse en la vida.

Mañana se conmemorará el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en el marco de los 25 años de la firma del Convenio sobre los Derechos del Niño, que entró en vigencia el 2 de septiembre de 1990.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del año pasado develó que 851 mil niños trabajan en todo el país, una reporte menor al de los 996 mil menores trabajadores de 2006, pero el problema aún persiste.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 12.5 millones de niños trabajan en América Latina y el Caribe.

Ante este panorama, el representante Regional de la FAO, Raúl Benítez, dice que “la única solución real para evitar que los niños trabajen es avanzar en la erradicación de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la exclusión social”.

TIPOS DE TRABAJO

El 71.3 por ciento de los niños varones se dedican a la agricultura, mientras que las niñas tienen un espectro de trabajo más amplio, como el comercio, la hotelería, el trabajo en restaurantes y la prostitución.

Según un estudio de la OIT sobre trabajo infantil para América Latina y el Caribe, realizado de 2008 a 2011, “el sector agrícola agrupa la mayor cantidad de niñas y niños trabajadores (48%), seguido por el comercio (24%), y el área de servicios (10,4%)”.

Este tipo de trabajo usualmente consume gran parte de la vida de los niños, por lo que es común que “en algún momento abandonen la escuela”, según Gloria Castro, Procuradora de la Niñez y Adolescencia de la PDH.

Como efecto de esto, la matriculación bruta en preprimaria es de 66.63% y la tasa neta de matriculación en secundaria para el país es 46.13%.

Los niños que se dedican a labores agrícolas habitan, en su mayoría, en zonas rurales y no reciben remuneración por su trabajo, pues trabajan como apoyo de sus familiares, indica la información.

El trabajo infantil se ha ampliado a lugares inusitados, donde nadie creería que trabaja un niño, existen varios menores que son explotados en la clandestinidad.

El trabajo doméstico y la presencia de niños en las minas y canteras son la clase de trabajo que hasta hace poco fueron catalogados como trabajo infantil, pues se desconocía de la presencia de menores en estas áreas.

Esta categoría da trabajo a alrededor de 3.9 por ciento de niños.

EDAD MÍNIMA Y PAGO

Actualmente, el Código de Trabajo establece que un menor de edad podrá trabajar a partir de los 14 años, en condiciones que no afecten su integridad física y emocional, y que respeten la jornada ordinaria de trabajo.

Recientemente, La Cámara del Agro propuso ante el Congreso de la República, aumentar la edad mínima de trabajo, a los 16 años.

La propuesta enmarca que los subsidios sociales otorgados a instituciones que velan por los menores, reciban este apoyo económico bajo el condicionamiento de que estos niños no trabajen y que las municipalidades promuevan los programas sociales que erradiquen el trabajo infantil.

En el caso del pago que percibe la Población Económicamente Activa (PEA), Aguilar dice que no hay un estimado exacto, pero que los niños de la Usac (¿QUÉ SON LOS NIÑOS DE LA Usac?) y las jóvenes en las tortillerías recibían 300 quetzales semanales, suma que no les permitía subsistir dignamente.

Por otro lado, algunos de los explotados no reciben paga alguna por lo que su condición laboral se asemeja al régimen de esclavitud, indica.

PROTOCOLO A SEGUIR

Vladimir Aguilar, Procurador General de la Nación, dice que cuando se detecta algún caso de explotación laboral en menores de edad, el protocolo a seguir consiste en rescatar al niño mediante la Unidad de Rescate de la institución, luego el menor es puesto a disposición de un Juez el cual debe de establecer si existe un círculo familiar idóneo, es decir, algún pariente que no forme parte de la red de explotación laboral o de una estructura criminal de Trata de Personas.

Al determinarse la existencia de ese círculo idóneo, el Juez asigna la tutela del niño a esa persona; mientras tanto la PGN se ocupa de realizar un acompañamiento de supervisión para constatar que el niño es realmente resguardado.

Por otro lado, en materia Penal esta institución gubernamental participa de los procesos judiciales como “querellantes adhesivos”, apoyando la realización de la investigación que efectúa el Ministerio Público (MP) en los casos de trata de personas.

Aguilar explica que este delito va mucho más lejos de la explotación sexual, pues también se incluye la explotación laboral. Así, se toma como “trata”, a aquellos oficios inducidos a la fuerza como el trabajo en las tortillerías, casos en los que se ha logrado rescatar a varias menores.

Igualmente, la PGN realiza operativos en la carretera Interamericana, pues recientemente se ha ampliado la venta ilegal de gasolina utilizando como medio de comercio a los niños.

“Hemos investigado y advertido que algunos padres, de forma ilegal e irresponsable, han puesto a sus hijos a manipular esos depósitos de gasolina, los cuales han terminado en unos casos lamentables hasta con la perdida -de la vida”, refiere Aguilar.

A la fecha, la PGN ha recuperado a nueve niños de esta situación de explotación laboral, circunstancias que socavan la oportunidad de los menores para desarrollarse como lo harían otros niños de su misma edad.

SIN COBERTURA

La Procuradora de la Niñez y la Adolescencia, califica el problema del trabajo infantil como algo “muy complejo”, ya que en ocasiones la familia y el Estado no cuentan con las condiciones necesarias para dar cobertura a este grupo.

Como se mencionó antes, una de las causas principales de esta práctica lesiva es la situación de pobreza de las mismas familias o comunidades, que les lleva a “idear” estrategias de sobrevivencia. Esto porque a pesar de que el Estado es el encargado de velar por el bienestar de su población, no alcanza a dar cumplimiento a las garantías constitucionales.
En este sentido, le corresponde al Estado intervenir en la protección integral de los niños en temas de salud, educación, trabajo, entre otros.

OBLIGACIÓN O VOLUNTAD

Un porcentaje de la población infantil trabajadora, labora porque desde temprana edad entra en conciencia sobre la situación económica que atraviesa su familia y voluntariamente decide ocuparse para apoyar en la casa, pero los motivos para salir a la calle a trabajar también pueden verse impulsados por el abandono de los padres y por la necesidad de suplir las necesidades familiares que algún pariente enfermo no puede atender.

Aun así, un mayor porcentaje de los niños, más de un 50 por ciento, se encuentran bajo la coerción de su familia o de captores, según el funcionario de la PGN.

“En la Universidad de San Carlos -Usac-, también rescatamos a varios niños que eran objetos de explotación de Trata y en algunas -otras- zonas de la Ciudad Capital”, cuenta.

PREVENCIÓN

La prevención juega un papel muy importante en la erradicación de toda esta situación. A decir del Procurador General, la PGN ha implementado políticas de prevención con el apoyo del Ministerio de Educación (Mineduc) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), específicamente para dar atención a los niños que se ubican en los semáforos para vender algún producto, o bien para realizar presentaciones breves a cambio de una moneda.

Castro, por su lado, dice que el criterio general de la población para prevenir esta situación es que se debe de rescatar a todos los niños que son explotados, pero esto no es posible ya que el Estado no tiene la capacidad para asumir esta responsabilidad, que no solo conlleva el rescate y la asignación de una familia que le resguarde, sino que tiene que ver con la falta de personal, de capacitación, de programas de prevención, y de instalaciones adecuadas para ampliar la cobertura y así hacerse presente en todas las comunidades.

Igualmente, la PDH ha buscado institucionalizar a los menores como una de las medidas preventivas, lo que quiere decir que cuando no existe un núcleo familiar ideal, los niños pasan a estar bajo la tutela del Estado.

De esta forma, la atención que se brinda a los niños que son explotados o que trabajan voluntariamente, no debe de tener un abordaje reactivo, sino preventivo pues este trabajo debe de incluir al núcleo familiar de los menores, “la familia tiene que asumir esa responsabilidad”, dice Aguilar.

En tanto, el Estado debe de contar con los elementos necesarios para permitir que los infantes puedan acceder a un desarrollo integral, sin la necesidad de exponerse a prácticas laborales degenerativas y humillantes, desde temprana edad.