Falta de oportunidades y la ausencia de la certeza del castigo, hacen que la ruta para ser un país seguro sea sumamente complicada

Pese a que el 68 por ciento de la población guatemalteca no sobrepasa los 30 años –según el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa)–, el Estado invierte poco para la profesionalización y desarrollo de los jóvenes;

Las cifras y estadísticas parecen alarmantes, pues el acceso a la educación es reducida para este sector que no encuentra espacios en las aulas, pero sí en las cárceles, que albergan a 10 mil 487 hombres y mujeres de edades que oscilan entre los 18 y 35 años, y los correccionales, que cuentan con un 52 por ciento de jóvenes de entre 13 y 17 años.

Leonel Alejandro Guillén Sosa, de 19 años, estudiante de magisterio del Colegio San Sebastián, y Diego Armando Moisés Pereira Monzón, de 25, fueron dos personas totalmente distintas, pero ambos fallecieron a causa de un mismo incidente.

El primero era considerado como un “líder positivo”, por su carisma y rendimiento escolar en su centro educativo. El otro, pasa desapercibido por ser un asaltante de celulares, que todos los días permanecía en el Parque Central con un arma de fuego en la mano.

El perfil de Guillén Sosa sobresale porque fue un joven querido por su familia, reconocido por su entorno escolar, apreciado por sus vecinos y honrado por la población guatemalteca, que se unió para rechazar su muerte.

El joven lideraba la Banda de Guerra, un espacio importante en su colegio y que solo se otorga a aquellos buenos estudiantes con talento y dedicación, como es recordado Alejandro.

En cambio Pereira Monzón era un joven de quien se desconoce si tenía padres, pues el día que murió el único que se presentó a reclamar su cuerpo fue otro muchacho que dijo ser su hermano; era residente de un asentamiento de Villa Nueva y al parecer no logró terminar la secundaria.

Según investigaciones preliminares, por “herencia familiar” el joven se involucró en el robo de celulares, aunque según su expediente también tenía un puesto de distribución de droga para la zona 1 y 2; se sabe que el revólver calibre 38 con registro borrado que utilizó para disparar a Guillén Sosa, lo obtuvo precisamente en el Parque Central donde la proliferación de armas y narcóticos es común.

La vida de ambos jovencitos culminó hace algunos días, pero ¿qué hubiera sucedido si ambos siguieran vivos? Probablemente Guillén Sosa habría cumplido su sueño: convertirse en profesor y posteriormente en médico, con un rol importante en la sociedad. Pero ¿cuál habría sido el futuro de Pereira Monzón? Sin educación académica ni oficio, pero involucrado con la delincuencia organizada y sin respuesta del Estado para que implemente programas de prevención, su futuro estaba decidido.

Según Enrique Leal, subsecretario de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), está comprobado que un alto porcentaje de los jóvenes privados de libertad provienen de lugares sin los servicios básicos y con escasas oportunidades.

“El 90 por ciento de la población privada de libertad viene de un contexto donde no han tenido acceso a lo mínimo, a la salud, a la educación, a la infraestructura adecuada, a la alimentación. El esfuerzo en la prevención en Guatemala debe ir enfocada en el fortalecimiento de los programas sociales y más en las áreas vulnerables porque el 80 por ciento de los jóvenes involucrados con el crimen tiene que ver con condición de desarraigo, que no han sido visibilizados por la sociedad y por las falencias del sistema”, dice Leal.

EDUCACIÓN EN CIFRAS

Información recopilada a través de diferentes instituciones como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el Sistema Penitenciario (SP), la Policía Nacional Civil (PNC) y SBS, en la actualidad hay 7 millones 127 mil 639 niños, adolescentes y jóvenes de edades que oscilan entre los 10 y 34 años.

Por aparte, de acuerdo con un análisis realizado por Walter Menchú, del área de Educación, del CIEN en 2012, a nivel república fueron inscritos en nivel primario 2.55 millones de estudiantes y de esa cantidad, 126 mil 395 desertaron de la educación.

En secundaria se matricularon 746 mil 516 y abandonaron los estudios  51 mil 456.  A nivel diversificado, fueron inscritos 393 mil 043; de ellos dejaron la educación académica 13 mil 424. En 2012 se inscribieron 62 mil 691 alumnos menos. Este año desertaron 5.17% de alumnos.

En 2011, 2 millones 644 mil 683 personas fueron inscritas en primaria y 126 mil 073 dejaron los estudios;  en secundaria, 740 mil 877 y 38 mil 469 abandonaron los estudios. Mientras que en diversificado, 373 mil 004 se inscribieron inicialmente y 17 mil 219 dejaron su carrera. En 2011, se inscribieron 22 mil 761 alumnos más. En este año desertaron 4.83% de alumnos.

En 2010, 2 millones 653 mil 483 ingresaron a nivel primaria y 159 mil dejaron de prepararse académicamente. En básico, fueron inscritos 730 mil 923 y 72 mil 226 desertaron.  En diversificado, 351 mil 397 fueron inscritos y 42 mil 002 abandonaron la educación. Este año desertaron 7.31% de alumnos.

El estudio explica que de 2010 a 2012 los departamentos donde más se concentra la deserción escolar en los tres niveles –primaria, secundaria y diversificado–  son Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos y Petén.

En base a los 2 millones 556 mil 314 que se inscribieron en 2012, solo 15.37%, es decir, 393 mil 043 alumnos estaban en diversificado. Para 2011, el porcentaje fue de 14.10% y para 2010, fue 13.24%. En los últimos años ha aumentado la cantidad de alumnos en diversificado.

Otros análisis de esta institución, refleja que de 1999 a 2009, en el nivel superior, en las Universidades Rafael Landívar, Francisco Marroquín y San Carlos, se inscribieron 1 millón 907 mil 373 estudiantes, pero de ese porcentaje solo se graduaron 75 mil 064.

La Usac es la que durante ese tiempo inscribió al mayor número de estudiantes: 1 millón 639 mil 432, pero solo gradúo a 48 mil 449.

ADULTOS Y MENORES DE EDAD DETENIDOS

Estadísticas de Presidios indican en su último informe que en los centros carcelarios hay un total de 16 mil 167 privados y privadas de libertad, de este porcentaje 10 mil 487 oscilan entre los 18 y 35 años.

4 mil 347 están entre los 36 y 50 años; 1 mil 132 están entre los 51 y 65; 187 comprenden las edades de 66 a 80; de los 81 a los 92, 14.

Datos recientes del Ministerio de Gobernación (Mingob) indicaban que más del 50 por ciento de la población detenida estaba esperando condena, su situación era preventiva.

Por aparte, en los centros correccionales, según la SBS hay 830 adolescentes privados de libertad, de esta cifra 437 oscilan entre los 13 a los 17 años y equivalen al 52 por ciento, mientras que los mayores equivalen al 48 por ciento de 18 a 23 años.

Del 52 por ciento en mención, 206 adolescentes que representan el 24.8 por ciento tienen 17 años; 117 jóvenes que equivalen al 14.09 por ciento tienen 16; 70 muchachos que representan el 8.43 tienen 15; 40 adolescentes, que son el 4.8 por ciento tienen 14 años; 4 jovencitos que significan el 0.48 por ciento tienen 13.

VULNERABLES

Abner Paredes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), explica que es en la adolescencia donde la juventud se convierte en presa fácil de los grupos del crimen y la delincuencia organizada.

“Las edades donde incide este fenómeno que nos está afectando como país, finalmente como sociedad es en la adolescencia, donde hay mayor propensión a que los adolescentes se vinculen con el crimen organizado y el sicariato, es necesario reiterar que lo que vemos es a los adolescentes y jóvenes vinculándose a este tipo de acciones, pero es como la cara visible, desde el Estado debe hacerse todo el esfuerzo para determinar quiénes están detrás de ellos”, explicó el entrevistado.

El analista del CIEN, por aparte considera que la educación es vital en la juventud guatemalteca, pues es la que permite el desarrollo integral de una persona.

“Lo que la educación le da a las personas son las herramientas para desenvolverse en la vida independientemente y no depender de otras personas o del gobierno en todo caso. La educación puede sacar a la gente de la pobreza y puede darle herramientas a los jóvenes para valerse por sí mismos”, explica.

Menchú considera que la combinación de falta de educación y de la vulnerabilidad en la que se encuentran los jovencitos que residen en áreas urbanas marginales, los coloca en una posición de riesgo.

“Uno cuando es joven o niño es muy influenciable y cuando se desarrolla en un ambiente tiene una percepción del mundo que puede ser errónea en algunos casos, por ejemplo, si se rodea de personas que infringen la ley y se ve como algo normal, aunque no sea así”, explicó el profesional.

El entrevistado concluyó en la necesidad de que el Estado invierta en la educación y la calidad educativa para los niños y jóvenes, pues es la única forma de cambiar el presente y el futuro del país.