Por fin el Tribunal Supremo Electoral indicó haber gastado el 97.24% de los Q507.1 millones que le fueron autorizados a su solicitud por el Congreso de la República para el proceso eleccionario 2011. Es un monto altí­simo que según información internacional hace que Guatemala tenga el proceso eleccionario más caro de América Latina e incluso de paí­ses desarrollados como España, Estados Unidos y Canadá.

Dentro de ese monto el Tribunal Supremo Electoral invirtió varios millones en una pálida y deslucida propaganda que supuestamente invitaba a votar y debe de invertir en hacer publicaciones concretas y explí­citas de dónde gastó cada quetzal, por rubro, de esa enorme erogación. El desglose debe ser detallado, los ciudadanos tienen el derecho y deben saber cuál fue el pago de servicios personales, de salarios de empleados y funcionarios, de compra de equipo de computación, impresión y similares y dónde van a parar todos estos equipos, no vaya a ser que los mismos los regalen o peor aún los guarden y se conviertan en obsoletos cuando todo ese equipo debe redestinarse a las escuelas públicas. También debe saberse qué se va a hacer con el mobiliario porque el mismo perfectamente puede otorgarse al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo. Es importante saber si al fin compraron el montón de vehí­culos que antes de la segunda vuelta electoral se publicó que harí­an y conocer quiénes quedarán como usuarios de todos esos automotores.

Doña Marí­a Eugenia Villagrán de León es la primera responsable, que la Contralorí­a General de Cuentas la audite e informe públicamente de los resultados de dicha auditorí­a. Adicionalmente, el Tribunal Supremo Electoral debe presentar una propuesta concreta de modificación a la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos a más tardar el 1 de febrero de 2012 y así­ demostrar que no se continuará con todas las debilidades y lagunas que como bien señalaran los observadores internacionales menoscaban el proceso electoral y el funcionamiento democrático de los partidos polí­ticos en Guatemala. El capí­tulo de sanciones por irrespeto a la ley, especialmente al proceso electoral debe ser draconiano. Si no son capaces de rendir cuentas y de proponer concretamente modificaciones adecuadas a la norma que rige al TSE, a los partidos polí­ticos y a los procesos electorales deben de presentar su renuncia al Congreso, de lo contrario se confirmarí­a el deterioro y la falta de responsabilidad individual que los medios, la opinión pública y los fiscales han señalado que existe en el TSE.
Es también de esperarse que la memoria de labores correspondiente al proceso electoral 2011 esté totalmente terminada y disponible antes del 14 de enero y que también se enmiende el grave error que ha contenido parte de las adjudicaciones con el de los diputados al Parlamento Centroamericano, donde sin duda alguna se ha violado la ley, se han cometido injusticias y no se ha podido justificar y explicar por qué ese grave error o arbitrariedad cometida por el Tribunal Supremo Electoral.

No debe olvidarse que en el proceso electoral 2011 han sido tantos los recursos que se han presentado y tan débiles los razonamientos con los cuales se han evacuado que jurí­dicamente el balance que producen los recursos de nulidad y revisión y sus respectivas resoluciones no tienen antecedente similar en la historia electoral del paí­s. El avestruz esconde la cabeza, los seres humanos no lo hacen, estemos atentos a lo que acontezca.