El 12 de marzo de 2012, el presidente Otto Pérez Molina presentó al Congreso un paquete de once leyes de transparencia, de las cuales solo una ha sido aprobada hasta ahora. Así se cumplen 16 meses sin cumplir la promesa de fortalecer la fiscalización y el combate a la corrupción en la administración del Gobierno, que ha estado afectado por diversos escándalos de mal manejo de recursos públicos.

Mientras más tiempo pasa, se comprueba que el discurso del Presidente durante la campaña electoral y los ofrecimientos que hizo a principios de su gobierno fueron solamente palabras, pues a un año y cuatro meses del inicio de su mandato, aún no ha cumplido la promesa de fortalecer la transparencia en la administración estatal y así dejar cada vez menos espacios que den lugar a la corrupción.

El paquete de leyes de transparencia que presentó el 12 de marzo de 2012 en el Congreso, en su momento, dio la impresión de que el Gobierno de Pérez Molina intentaría ser transparente en los procesos administrativos de su gestión.

Pero ahora la percepción es diferente; pues con los discursos del Presidente y de los congresistas, sólo se ha dejado claro que no les interesa trasparentar su gestión o bien, que el combate a la corrupción les incomoda.

En un año y cuatro meses, el Presidente avaló la creación de un fideicomiso público, a pesar de que no existen regulaciones y que la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) no los puede fiscalizar; no se ha fortalecido el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que parece detenido en el tiempo y con información que data de 2002; y ha utilizado un Presupuesto estatal, cuyas normas cambian a gusto del gobierno, sin ejecutar los recursos y con poca planificación.

A esto se suma un cuestionado contrato en la Empresa Portuaria Quetzal, que benefició a una firma de capital extranjero; el uso de la figura de excepción para realizar compras y contrataciones que podían realizarse con apego a los procedimientos de transparencia y la ampliación de contratos de compra directa.

Con esto cada vez se hace más difícil creer que en el trabajo de los servidores públicos reina la austeridad y que las acciones están encaminadas hacia el desarrollo de Guatemala y el bienestar de los guatemaltecos.

Las iniciativas de ley para fortalecer la transparencia en las acciones de los funcionarios cada vez se ven más lejanas y después de un año de trabajo técnico, de modificación y corrección, a los 11 libros de las dos iniciativas (4461 y 4462) aún les faltan cambios y muchos consensos.

Pese a que este año fue declarado por Otto Pérez como “el año de la transparencia”, hasta ahora lo que hay es “medio año sin transparencia”.

¿Cómo se encuentra actualmente?

El diputado del Partido Patriota y Presidente de la Comisión Legislativa de Legislación y Puntos Constitucionales, Juan José Porras, señaló que por las nuevas modificaciones al paquete de 11 leyes de transparencia han tenido que retrasar el proceso de aprobación.

Miembros de organizaciones de sociedad civil, como la Alianza para la Transparencia (Aporte) y la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) han propuesto modificaciones a la iniciativa de ley 4461, explicó el parlamentario.

Esta iniciativa 4461 contiene reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Ley de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley del Instituto Nacional de Estadística.

Según Porras, estas modificaciones se encuentran en etapa de discusión técnica dentro de la comisión que preside y prevé que a inicios del mes de agosto ya esté dictaminada.

El congresista también enfatizó que lo que se quiere lograr es que la ley tenga los consensos de todos los sectores y aseguró que existe viabilidad política para aprobarlos, ya que hay acuerdos entre las bancadas representadas en el Congreso de República.

Álvaro González Ricci, diputado de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), indicó que uno de los aspectos que marcó el retraso de la aprobación de las nuevas leyes y las reformas, fue que las propuestas enviadas al Congreso por el Organismo Ejecutivo no eran las más adecuadas.

Como ejemplo citó las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales según González Ricci, estuvieron sujetas a muchos cambios y que por eso aún no se han dictaminado.

El diputado de Creo estuvo a cargo de dictaminar la 4462 cuando fue presidente de la Comisión legislativa de Apoyo a la Recaudación; dicha propuesta incluye las iniciativas de Fideicomisos públicos y Ley de Contrataciones del Estado.

Conforme a González Ricci, sí hay viabilidad política, lo que no hay aún son consensos en torno a la aprobación de dicho paquete de leyes, por la diferencias en opiniones en torno a las modificaciones a las cuales están sujetas las leyes.

¿Por qué no se han aprobado?

Manfredo Marroquín, de la organización Acción Ciudadana, indica que se ha observado muy poca voluntad política referente al tema de la aprobación del paquete de leyes de transparencia.

Es un discurso más del Presidente en búsqueda de la transparencia, pero que en la práctica no hay ninguna intención de cambiar la situación, señaló.

Marroquín dijo que la actitud del Ejecutivo sólo ha sido de desinterés en el tema y que evade toda responsabilidad, al presentar dichas iniciativas de leyes en el Congreso “muy malas”, para de esa manera librarse de cualquier crítica por la falta de transparencia en la administración pública y así culpar de todo al Congreso, detalló.

“Es simplemente un discurso que no se ve reflejado en el ejemplo”, acotó Marroquín.
 
De acuerdo, a Mario García Lara, de ATAL y de la Fundación 2020, el poco avance a la aprobación del paquete de leyes de transparencia, es debido a la falta de consensos en varias de las iniciativas comprendidas en el paquete de normativas y es por eso que se deben de aprobar de forma individual y no en grupo, como se tiene previsto.

Según García Lara “las iniciativas van al ritmo de lo más lento” y agregó que ve importante que se individualice su aprobación, ya que “urge que se apruebe la Ley Orgánica del Presupuesto”, para que se pueda aplicar la nueva normativa este año.

García Lara aseguró que las leyes son importantes para el buen funcionamiento del Estado, pues con estas se progresa en la disminución de la pobreza y se fortalece la democracia, ya que permiten la rendición de cuentas de los funcionarios, lo cual le brinda una buena calidad de servicios públicos a los ciudadanos.

“Decir que son importantes es decir poco; las leyes son cruciales para el futuro del país. Si no acabamos con el cáncer de la corrupción, el cáncer de la corrupción va a acabar con el país”, expresó García Lara.