Una declaración del gerente del Banco Industrial, Luis Lara, nos da a conocer a los guatemaltecos que entre todos hemos de cubrir los 300 millones de quetzales que prestaron a empresas vinculadas y sin garantía alguna, los socios del Banco de Comercio antes de esfumarse. El Banco Industrial, dice el gerente, está en proceso de recuperar la cartera de aquellos préstamos que fueron otorgados con las garantías correspondientes, pero en el caso de los créditos evidentemente concedidos de mala fe, a empresas propiedad de los socios del banco y sin nada que los respaldara, será el FOPA el que tenga que cubrir la pérdida, lo que significa ni más ni menos que la sociedad en su conjunto tendrá que asumir la pérdida porque si bien ese fondo está constituido por los bancos, no proviene de una merma de las utilidades del sistema financiero sino del costo que los usuarios tenemos que asumir.
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Lo expresado por Lara debiera obligar al Ministerio Público a actuar con mayor energía y determinación porque es inaudito que no se haga absolutamente nada para resolver la situación y deducir responsabilidades. Se ha hablado muchísimo de la corruptela del gobierno anterior y se recuerda el caso de los bancos gemelos, pero pocos recuerdan a estas alturas que el dueño de esos bancos fue a parar a la cárcel, mientras que en este gobierno los dueños de los dos bancos que quebraron simplemente se hicieron humo y nadie ha tenido que encarar ni penal ni civilmente las consecuencias de acciones que cada día se evidencian como más sucias y fraudulentas.
Otro asunto importante de señalar en todo esto es que la Superintendencia de Bancos tendría que haber mantenido cierta supervisión para evitar cabalmente que cantidades tan fuertes fueran a parar a créditos otorgados a empresas vinculadas. Si la Superintendencia no cumplió con sus deberes, justo es que se haga algo para deducir responsabilidad a los funcionarios que incumplieron su obligación porque no puede ser que sigamos apañando la impunidad hasta en esos casos y que los inútiles que encubrieron y toleraron el saqueo del dinero de los ahorrantes, ahora sigan al frente de las instituciones ganando sueldos muy jugosos que les garantizan pensiones de ensueño para el resto de sus vidas, en vez de tener que ir a parar a la cárcel como ocurriría en otros países donde se haga valer la ley.
Porque si es cierto aquello de que hechor y consentidor comparten la responsabilidad, obviamente en la Superintendencia de Bancos podemos encontrar a los consentidores de esos negocios sucios. Ellos sabían lo que estaba pasando o, cuando menos, debieron saberlo si hubieran cumplido con sus obligaciones. En cambio, dejaron que las cosas se complicaran, que el dinero se esfumara sin poner señales de alerta y a estas alturas no sólo son esos 300 millones los que se hicieron humo, sino también aquellos que perdieron quienes confiaron en certificados de depósito que eran formalmente extendidos en las entidades bancarias, con sellos y firmas que correspondían al Banco, pero que al final no tenían ningún respaldo ni garantía y dejaron en la calle a mucha gente. En ese caso hay un evidente engaño malicioso cometido por los socios, pero, y eso es más grave, tolerado y apañado por el Superintendente de Bancos que simplemente se agazapó tras el escándalo y ahora se apresta a terminar su período como si nada hubiera pasado y a recibir su jugosa jubilación.