Organizaciones humanitarias de Guatemala continúan en la lucha por llevar a los tribunales al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio, 25 años después de que tomó el poder por medio de un golpe de Estado que llevó al país a una de las etapas más cruentas de la guerra (1960-1996).
«Recordar esta fecha, sin que realmente se haya hecho justicia, que no se haya logrado nada después de tanto tiempo en casos paradigmáticos en los tribunales es bastante trágico», dijo el activista de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), Miguel íngel Albizures.
Ríos Montt asumió el poder el 23 de marzo de 1982 y gobernó con mano de hierro hasta el 8 de agosto de 1983, periodo en que se produjo casi el 40% de las 200 mil muertes y desapariciones que hubo durante los 36 años de guerra, según un informe auspiciado por las Naciones Unidas.
«En Guatemala bajo el argumento de que no hay pruebas suficientes del genocidio no se ha sometido (a Ríos Montt) a los tribunales, pero ¿Localizar 67 niños en una fosa, no es sufiente prueba? ¿Qué esperan entonces?, preguntó el dirigente.
Albizures recordó que Famdegua realizó trabajos de exhumación en la comunidad de Dos Erres, en Petén (norte), donde fueron localizados 162 cadáveres en una fosa común, entre éstos los de 67 menores de 12 años, víctimas de una masacre perpetrada por el ejército entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982.
«La iglesia, las tiendas, las casas, la escuela, todo estaba destruido cuando llegamos al lugar, por primera vez entendí lo que era la tierra arrasada», política contrainsurgente implementada durante el régimen de Ríos Montt, relató Albizures.
La activista humanitaria Helen Mack, aseguró que durante el gobierno de Ríos Montt, el Ejército afianzó su ofensiva contrainsurgente para aniquilar a la guerrilla, y fue bajo su mando que se doblegó la justicia.
«En ese momento se le hizo mucho daño al país para caminar hacia la vida democrática. Esa impunidad la seguimos viviendo, porque muchos de esos patrones continúan», dijo Mack, cuya hermana, la antropóloga Mirna Mack, fue asesinada por el ejército cuando hacía un estudio sobre el desplazamiento humano a México.
Para los analistas, los escuadrones de la muerte que operaron durante el gobierno de Ríos Montt aún se mantienen en las estructuras del Estado, y esto ha sido un obstáculo para que el país entre realmente a un estado de Derecho.
A pesar de la inoperancia de los tribunales de justicia guatemaltecos, según esos analistas, la justicia internacional puede ser fundamental para enjuiciar al ex dictador, como lo está intentando la premio Nobel de la Paz 1992, la indígena Rigeberta Menchú, quien inició una demanda contra los militares en las cortes españolas.
La Audiencia Nacional de España, máximo tribunal de justicia de ese país, ordenó en julio pasado el arresto de cinco militares y dos civiles por la quema de la embajada de ese país en Guatemala en 1981 y la muerte de cuatro sacerdotes españoles durante la guerra.
Sin embargo, Menchú insiste en que la demanda sea aceptada por genocidio contra el pueblo maya guatemalteco.