Con fecha de hoy la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala publica su comunicado a la opinión pública nacional y mundial, en el cual pide al Congreso de la República que ratifique la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas el próximo 21 de junio. El comunicado y este artículo se publican hoy para que los diputados puedan realizar los arreglos que permitan la ratificación como decreto de urgencia nacional, y no puedan luego aducir falta de tiempo para cumplir con esta obligación moral e histórica.
Guatemala, en donde la práctica de la desaparición forzada apareció por primera vez en el Continente Americano, es el país de América Latina con el peor récord de desapariciones forzadas (más de 45 mil víctimas de este flagelo a lo largo del conflicto armado interno). Recientemente, no obstante, tuvo el mérito, el 6 de febrero de 2007, de ser uno de los 57 firmantes originales de la Convención Internacional. Para que la misma entre en vigor se necesita la ratificación de 20 países, hecho que Argentina promueve con ahínco. Lamentablemente, transcurrido más de un año desde esta histórica firma, el Congreso de la República de Guatemala no la ha ratificado aún.
Esto es para mí imperdonable e inexcusable, porque el Estado guatemalteco tiene una deuda moral con todas las víctimas de esta deleznable práctica y los familiares de las mismas. Es incomprensible, porque temas de menor importancia han sido declarados de urgencia nacional y no éste, que es un acto obligado de reparación para las víctimas y sus familiares. Además, la clase política guatemalteca, a más de diez años de concluido el conflicto armado interno, no ha movido un dedo para acabar con la impunidad que protege a quienes perpetraron este crimen que la Asamblea General de la OEA reconoció, hace mucho tiempo, como «crimen de lesa humanidad». De manera que, para empezar a responder a la historia y a las víctimas, así como a los compromisos internacionales que se han asumido, la ratificación es urgente e indispensable.
Muchos consideramos que el 21 de junio es una fecha apropiada para la ratificación de la Convención, como asunto de urgencia nacional. En esa fecha, en 1980, las fuerzas de seguridad del gobierno de Lucas García secuestraron a decenas de líderes sindicales y del movimiento popular que se encontraban reunidos en el local de la central sindical, se los llevaron con lujo de fuerza y los «desaparecieron», un acto que, al igual que miles más, han quedado en la impunidad total y para cuyas víctimas no ha habido resarcimiento alguno. Un primer e importantísimo desagravio inicial será la ratificación de la Convención en el Congreso, en sesión solemne, en esta fecha en que toda la población guatemalteca debe reafirmar, en forma unida, con enérgica voz y con una sola voluntad inquebrantable: «Nunca Más».