El presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti entregaron esta mañana un pago a 1 mil 700 Ex Patrulleros de Autodefensa Civil (Ex-PAC) como parte del programa Bosques y Agua para la Concordia.

El Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, anunció que pedirá a la Corte de Constitucionalidad (CC) que amplíe la resolución que emitió para cancelar el plazo de vigencia de la cédula de vecindad, esto debido a que aún se encuentran 200 mil personas sin el Documento Personal de Identificación (DPI).

El vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, el senador Alexander P. Torshin anunció que en septiembre vendrá al país una delegación rusa para dar capacitaciones a policías antinarcóticos.

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó ayer dos recursos planteados contra las reformas a la Ley del Registro Nacional de las Personas (Renap), que buscaban dejar sin efecto el fin de la vigencia de la cédula de vecindad.

La Fiscalía de Derechos Humanos, a través de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, acusa a Fermín Felipe Solano Barillas, exguerrillero y exmiembro de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), sindicado de la masacre en la comunidad El Aguacate.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó una nueva denuncia en contra de Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla. Al juzgado Sexto Penal ingresó la petición de retiro de inmunidad contra el jefe edil.

Óscar Sagastume, juez Tercero de lo Penal, decidió que los hermanos José Estuardo Valdés Paiz y Francisco José Ramón Valdés Paiz deben ser enjuiciados por el delito de homicidio en grado de complicidad , por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano.

El caso contra nueve militares, sindicados por la muerte de seis pobladores ocurrida en la manifestación del 4 octubre en la Cumbre de Alaska, se encuentra en impasse desde el 14 de febrero del presente año.

El juzgado Undécimo del Ramo Penal ligó a proceso a David Estuardo Catalán Beteta, extesorero de la municipalidad San José el Golfo, por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.

El Acuerdo Ministerial 1505-2013 del Ministerio de Educación sigue generando diversas opiniones de distintos sectores de la sociedad civil involucrados en el tema de la educación. Representantes de organizaciones sociales se oponen a implementación, pues lo consideran una normativa de represión a derecho de manifestación estudiantil.