Una gran cantidad de familias guatemaltecas continúan sufriendo de la angustia de verse enfrentadas a los ladrones en la calle, en sus casas o en la camioneta, prácticamente en cualquier lugar público. Normalmente la angustia se agrava por la violencia verbal con la que los delincuentes se manifiestan al realizar el acto delictivo. Algunas veces las ví­ctimas sólo sufren pérdidas materiales, pero en muchas de ellas hay golpes, y ataques fí­sicos. Hay muchos que llevan dos celulares con la esperanza que al ser atacados puedan entregar el celular viejo. Los ladrones ya bien entrenados, pegan un par de gritos de violencia y exigen el celular nuevo.

Luego de la sensación de angustia que se sufre, hay algunos pocos que aún se atreven a ir a poner la denuncia a las autoridades, algunos para cumplir con el requisito para poder demostrar que denunció el evento y así­ poder reclamar una nueva licencia si es que en el robo los ladrones se la llevaron. Usualmente al denunciar con la esperanza de que la Policí­a actúe, la mayorí­a de los ciudadanos encuentran que no hay apoyo de la autoridad ni del sistema. 

Muchas veces cuando se llega a la “Oficina de atención permanente” de la Policí­a, el ciudadano se encuentra con que no pueden darle trámite a la denuncia, porque (I) el oficial de parte de la Policí­a (que llegó a la casa o al lugar donde ocurrió el robo), no ha llegado (algunas veces nunca llega), (II) tienen trabajo atrasado del fin de semana, (III) que hasta dentro de unos dí­as tendrán tiempo para atender el caso. De hecho no aceptan ni siquiera que se les dé el número de la parte porque no saben qué hacer con ese número.

Eso genera en la ví­ctima un sentimiento de frustración e impotencia ante los ladrones. El ciudadano siente que no hay apoyo de las autoridades, ni del sistema, más bien que se está en las manos de los ladrones.

La ví­ctima rápidamente se convierte en una estadí­stica más de la situación que vive nuestro paí­s. Es más, cuando sólo sufren pérdidas materiales, se celebra que no hubo golpes, ni ataques fí­sicos y que al final no pasó más allá de la violencia verbal.

Si le preguntamos a nuestro vecino o a nuestro  compañero de trabajo o de transporte si se siente protegido y que si su familia está protegida por la Policí­a o de alguna manera por el Estado, la respuesta invariablemente será que no. Pregúntese usted si se siente protegido en la calle o en su casa. ¿Piensa usted que puede movilizarse con libertad y seguridad por la calles de las distintas ciudades o por las carreteras del paí­s?

El triángulo que forman Guatemala, El Salvador y Honduras es considerado una de las áreas más violentas del mundo, salvo las áreas donde existen guerras declaradas. 

Paradójicamente nuestra Constitución dispone que el Estado de Guatemala se organizó para proteger a la persona y a la familia.  Además dispone que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Es indudable que el Estado de Guatemala no está cumpliendo el objetivo para el que se organizó ni está cumpliendo con las garantí­as que deberí­a otorgarle a los ciudadanos. En este sentido, estamos en un Estado fracasado.

Como todo nuevo gobierno, éste tiene una gran oportunidad de eliminar el temor que se tiene a la delincuencia. Con algunos pocos actos asertivos pueden cambiar las percepciones y la realidad. 

Exigir al sistema judicial que haga su labor, reclutar personal idóneo, elevar las condiciones de contratación de los policí­as, desarrollar proyectos piloto con las comunidades para proveer seguridad y libertad. Se puede lograr pero requiere compromiso tanto del ciudadano como del Estado.