Yo he sostenido que en Guatemala el sistema y el modelo se han agotado y que urgen cambios profundos en la estructura misma del Estado para superar añejos problemas que nos vienen agobiando. Sin embargo, tengo que reconocer que en estos últimos meses hemos sido testigos de un proceso de cambio que es seguramente el más trascendental que ha sufrido el paí­s en décadas y está centrado en la nueva actitud y el nuevo desempeño que muestra el Ministerio Público para convertirse en la contrapartida local eficiente a la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad.

Gracias a la CICIG se logró revertir el nombramiento que, amañado por los grupos tradicionales de poder paralelo, habí­a hecho Colom para la Fiscalí­a General y la tenaz oposición de esa Comisión Internacional terminó influyendo para provocar la decisión de remover al fiscal nombrado y proceder a la designación de la doctora Claudia Paz y Paz, quien sin mucho aspaviento emprendió un trabajo que ha significado avances tan serios como que ha conmovido a distintos estratos de la sociedad.
 
 Por supuesto que el trabajo de la doctora Paz y Paz no es únicamente un esfuerzo personal, sino el resultado de la conformación de un equipo con mí­stica y compromiso por la justicia en el que participan elementos que llegaron luego de su nombramiento y algunos, no muchos por cierto, de los viejos fiscales que ya habí­an demostrado su capacidad y honestidad en la etapa previa en trabajos realizados precisamente con la misma Comisión Internacional. La CICIG ha sido muy criticada en Guatemala, especialmente por haber procesado a representantes de sectores que se consideraban intocables, pero no se puede negar que su empeño permitió disponer de un modelo de fiscalí­a mucho más competente en la investigación y persecución penal.
 
 Tanto así­ que en este año se dieron casos en realidad paradigmáticos que, por supuesto, generan trauma y provocan reacciones porque no es fácil salir de un esquema ancestral de impunidad, donde se da por sentado que la justicia es para los ladronzuelos o matones de poca monta, pero nunca para los que se mueven en las esferas de influencia nacional. En ese sentido, reconocer que la CICIG ayudó a romper un viejo modelo, cuya podredumbre saltó a las primeras planas cuando se hizo evidente cómo las mafias utilizaron a la cuñada presidencial y a Fajardo, operador polí­tico de los Colom en el Congreso, para intentar la conformación de Cortes y tribunales que respondieran a sus intereses. Y las mafias son tan descaradas que los usaron para mantener su poder, pero a la hora de defender la candidatura cuestionada se hicieron los babosos y la dejaron naufragar tranquilamente.
 
 Todas esas realidades que se dieron en el último año crearon las condiciones perfectas para emprender el camino hacia el imperio de la ley y el fin de la impunidad en Guatemala con actores propios, con fiscales nacionales comprometidos con la legalidad y la justicia.
 
 No veo en todo el horizonte de lo ocurrido este año nada que tenga más significación que ese cambio en la operación de la justicia en el paí­s, cambio que ha de llegar por las buenas o por las malas a los tribunales para que dejen de ser el eslabón roto en la cadena del imperio de la ley. Falta mucho camino por recorrer y aún veremos muchos gestos desesperados de quienes no pueden entender cómo es que han perdido su condición de intocables, garantizada por ancestral predominio de hecho sobre el derecho.
 
 Pero se ha dado un primer paso y es tarea de los ciudadanos apuntalar la construcción de un nuevo modelo en el que se pueda tener la confianza de que en este paí­s todos somos iguales ante la ley, punto de partida para la construcción de una Guatemala bien distinta.