En el marco de la discusión sobre la legalidad de la entrega de los datos de los beneficiarios de Mi Familia Progresa (MiFaPro) a fiscalizadores del gasto público, analistas de organizaciones sociales manifiestan que no solamente ese programa tiene que ser analizado y fiscalizado.

Aní­bal Salguero, diputado señalado de falsedad ideológica, debió cancelar Q10 mil de fianza para no ir a prisión; el fallo fue emitido por Sergio Castro, juez Tercero de Primera Instancia Penal, contralor del proceso.

En medio del rechazo de diputados de oposición ante la intención del Ejecutivo de utilizar el canal televisivo del Congreso para transmitir un noticiero oficial, el oficialista Mario Taracena justificó la decisión, la cual es un buen inicio para «combatir» al monopolio de la televisión abierta.