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Se trunca el diálogo en el Congreso tras roces
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Cuatro millones de guatemaltecos en riesgo
Cuatro millones de personas continúan viviendo en alto riesgo en aproximadamente 570 asentamientos concentrados en el país, según balance aportado por Roly Escobar, del Movimiento Guatemalteco de Pobladores.
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Piden que resolución de Canadá sea vinculante en Guatemala
Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) así como Mario Minera del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), analizaron que no solo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Canadá debería ser vinculante para el tema minero del país.
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Electricidad sube 20 por ciento
La tarifa de energía eléctrica se elevará hasta en un 20 por ciento durante el próximo trimestre (febrero-abril), informó hoy la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).
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Colom agradece apoyo de Conferencia Episcopal en «Crisis de Mayo»
Con el fin de agradecer a los miembros de la Conferencia Episcopal de Guatemala, esta mañana el presidente ílvaro Colom se hizo presente a la reunión periódica que sostiene dicha entidad. «Vine a agradecer el apoyo que nos dieron en los meses difíciles», dijo el mandatario.
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Inician clases en ciclo público: maestros protestan
Cuarenta y cinco mil maestros y maestras se reunieron frente al Ministerio de Educación, manifestando que se incrementó al presupuesto de la cartera educativa a 12 mil millones de quetzales y la aprobación de la reforma fiscal.
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Nuevo centro de reciclaje en occidente
Este nuevo centro complementa los ya existentes en la República en áreas como Cobán, Chimaltenango, Santa Rosa y Escuintla, los cuales en conjunto recolectan, clasifican, compactan y muelen plástico, ofreciendo una solución al problema de contaminación ambiental.
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Anuncian actividades conmemorativas
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Denuncian maltrato físico contra niños
La presentación del primer informe del programa de protección de niños y niñas que han sido vulnerados, revela violaciones a los derechos humanos.
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Gobernación también reserva información
El Ministerio de Gobernación (Mingob) amplió la reserva de información policial, por siete años, argumentando que la medida fue tomada por «medidas de seguridad».