Tras una reunión entre Raúl Velásquez y Stephen McFarland, ministro de Gobernación y embajador de Estados Unidos, respectivamente, se reiteró el apoyo de ese paí­s a las autoridades de seguridad; muestra de ello es el análisis de la instalación de una oficina del FBI en el paí­s.

El Tribunal Cuarto, integrado por otros jueces, presidió el segundo juicio contra Marí­a del Carmen Barrera Aragón y Carmen Lucí­a Dávila Barrera, madre e hija acusadas de encubrimiento en el asesinato del Padre Chemita.

El Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal emplazó por 48 horas al Centro Médico Militar para que entregue los informes de los exámenes de salud practicados en Eduardo Arévalo Lacs, quien está implicado en un desfalco durante su gestión en el Ministerio de la Defensa.

Unas diez mil personas -integrantes de Plataforma Agraria- comenzaron esta mañana una serie de acciones de hecho en la capital y en otros puntos del paí­s, como medida de presión, luego de que el Gobierno incumpliera el emplazamiento para responder a las demandas que han hecho durante once meses en las diversas mesas de diálogo.

El Sindicato de Trabajadores del Congreso anunció que inspectores del Ministerio de Trabajo y delegados de los Derechos Humanos estarán presentes mañana martes para verificar las advertencias de la gerencia del Congreso de la República.

Hoy continuaron las audiencias para que instituciones se pronunciaran sobre las propuestas de reforma a la Constitución. La Organización Banca 2000, por ejemplo, consideró en su turno de expresión que la propuesta de Manuel Baldizón para modificar la Constitución Polí­tica de la República de Guatemala, en representación de su bancada Lider, «es un protagonismo polí­tico».

Delia Emilda Back Alvarado, presidenta de la Comisión Legislativa de la Mujer, dio a conocer que recibieron la petición de los mil 800 vendedores de la economí­a informal que temen ser desalojados del Centro Histórico.

Entre algunos diputados y la sociedad organizada crece el descontento por la elección a la jefatura del Instituto de Defensa Pública Penal (IDPP), el cual propone a los candidatos para dirigir ese centro de apoyo de 2009 a 2013.