Aproximadamente 250 mil armas de fuego circulan, de forma ilegal, en Guatemala denunció el jefe deL Departamento de Control de Armas y Municiones, David Barrientos, quien señaló que la mayorí­a de estos artefactos toma parte en los actos delictivos se han generad. Hasta la fecha el Decam tiene autorizada la tenencia de 300 mil armas.

El Tribunal Tercero de Sentencia conoce el proceso judicial contra un hombre al que el Ministerio Público (MP) acusa de abusar de cuatro de sus hijastras; la fiscalí­a asegura que el delito de abusos deshonestos fue reincidente durante tres años en la residencia del acusado.

Ante los argumentos surgidos luego del lanzamiento de la polí­tica de diálogo permanente, la cual fue percibida por algunos sectores como una propuesta poco concreta, el secretario de Relaciones Interinstitucionales, Luis Zurita, asegura que hay una estructuración del proceso, el cual llegará a la discusión de temas concretos.

Los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, í“scar Edmundo Bolaños Parada y íngel Alfredo Figueroa no serán reelectos. La Comisión Postuladora que deberá entregar la nómina de 40 candidatos a ese alto órgano decidió excluirlos de la lista por la serie de señalamientos planteados en su contra luego del proceso electoral, informaron fuentes extraoficiales.

Alto grado de optimismo en los objetivos alcanzados en el primer mes de gestión del gobierno de ílvaro Colom; las estimaciones oficiales ven disminución de criminalidad y fortalecimiento de programas sociales.

El Comité de Unidad Campesina (CUC) sostiene que la falta de investigación del Ministerio Público (MP) y el Fondo de Tierras en los casos de desalojos violentos de fincas, convierte a las instituciones en «cómplices de la impunidad».

El Ministerio de Gobernación afirmó que se continúa con las negociaciones para instalar el estado de excepción en el municipio de San Juan Sacatepéquez, y que se está considerando el mismo procedimiento para Villa Nueva.

Después de la intensa ola de violencia que se registrara en contra de pilotos y ayudantes del transporte urbano y extraurbano, las autoridades señalan que luego de las investigaciones que se realizaron sobre estos hechos se identificó a una banda que operaba desde el centro carcelario de Chimaltenango.