Los más de mil 600 conflictos agrarios que afectan a miles de familias guatemaltecas cada año, y la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado para la solución de los mismos, parece mantener viva la propuesta de creación de los tribunales agrarios en el Organismo Judicial (OJ).

Desde hace una semana, unos 150 habitantes de varias comunidades del municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, se declararon en reunión permanente, como medida de protesta a la continuidad de las actividades de la mina Marlin, de la empresa Montana Exploradora.

Parece una pregunta sencilla pero aún es difí­cil de responder para algunos padres de familia y maestros, incluso es complicada para algunos polí­ticos e imposible para otros funcionarios del Gobierno.

Familiares de miles de desaparecidos durante la cruenta guerra civil que vivió Guatemala durante 36 años (1960-1996) reclaman la creación de un marco jurí­dico para buscar a sus seres queridos, una iniciativa que está estancada en el Congreso desde hace dos años.

Las iglesias conglomeradas en el Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala exigieron al Gobierno que proteja a los sectores más pobres de la población afectados por el «sistema neoliberal injusto», según se describe en un comunicado de prensa.