Centroamérica es una de las regiones con más bajos índices de acceso a la justicia a nivel global, y dentro del Istmo, Guatemala se caracteriza por contar con el sistema judicial más débil y saturado, lo que explica sus elevados índices de impunidad. Estos problemas se agravan cada día más en la tierra donde la justicia es escasa y los responsables explican la situación.

El acceso ciudadano a los sistemas de justicia sigue siendo muy dispar en Centroamérica en cuanto a cantidad de habitantes por tribunal, la relación de habitantes por juez y el acceso a la defensa pública. En estos campos, Guatemala se consolida como el país más atrasado de la región, de acuerdo con el informe Estado de la Región 2012, el cual utiliza indicadores comprendidos entre 2008 y 2011.

Con poco más de 13 mil, El Salvador es el país con la mejor condición de cantidad de habitantes por tribunal, seguido de cerca por Costa Rica y Panamá. En contraste, Guatemala sobrepasa los 20 mil habitantes por tribunal, lo que refleja carencias importantes en la cobertura territorial de las oficinas jurisdiccionales.

Un segundo indicador de acceso ciudadano es la relación de habitantes por juez. La mayoría de países oscila entre 11 mil -El Salvador- y 14 mil -Nicaragua. Costa Rica se aparta del resto de la región, pues tiene menos de 5 mil habitantes por juez.  Nuevamente Guatemala muestra la peor situación, con una tasa cercana a 16 mil.

Al igual que con los tribunales y jueces, el acceso a la defensa pública presenta notables disparidades en la región; en Guatemala había un defensor por poco más de 47 mil habitantes en 2005, relación que cambió a uno por cada 32 mil personas en el 2009. 

En Guatemala y Nicaragua no solo hay pocos defensores públicos, sino que son claramente menos que los fiscales -que en el caso de Guatemala también son pocos-, lo que denota un desequilibrio entre demandante y demandado. En El Salvador y Honduras el desequilibrio también es significativo, pero a partir de un mejor indicador.

De manera similar, una relación baja de jueces y fiscales con respecto a la población se traduce en atrasos considerables en la tramitación y resolución de las causas judiciales. En Guatemala y Nicaragua el 90 por ciento, y en Honduras el 70 por ciento de los defendidos proviene del nivel socioeconómico bajo.

SISTEMA SATURADO

Las reformas realizadas el año pasado al Código Procesal Penal con el Decreto Legislativo 7-2011, significaron un avance importante para dar agilidad al sistema de justicia, con la creación de los juzgados y tribunales unipersonales.

Blanca Aída de Stalling, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), explica que con esa medida se triplicó el número de tribunales que antes funcionaban  con tres jueces, lo cual resulta positivo.

Sin embargo, señala que, además, existen los tribunales y juzgados contra el Femicidio, los de competencia específica para la Ley de Extinción de Dominio, así como los que conocen los delitos de acción privada y los juzgados de turno de 24 horas, de tal cuenta que el sistema crece sin un respaldo real de recursos financieros y humanos.

En el país están funcionando ahora aproximadamente 266 juzgados y tribunales de Primera Instancia.

“Eso significaría que nosotros tendríamos que tener ese número -si fuera un defensor por cada juzgado-, pero desafortunadamente en los casos que nosotros conocemos generalmente es más de una persona la que está sindicada en un proceso”, dice la funcionaria.

De esa cuenta, la Defensoría Pública también debe duplicar o incluso triplicar su número de abogados  y balancearlo con la proporción del crecimiento de las otras instituciones del sector justicia, agrega la directora.

Otra preocupación para los impartidores de justicia es que con el mismo Decreto Legislativo 7-2011, se amplía la competencia de los juzgados de Paz de todo el país. En total son aproximadamente 358 judicaturas.

Dicha normativa no ha entrado en vigencia, asegura Blanca de Stalling, pero “si se llega a poner en marcha el funcionamiento de los 358 Juzgados de Paz en todo el país, definitivamente el sistema colapsaría”.

Actualmente, el IDPP cuenta con un aproximado de 350 defensores públicos, los cuales atienden entre el 60 y 70 por ciento de los casos que entran al sistema de justicia con el requerimiento de su intervención, sin embargo, para Stalling “últimamente, con la eficiencia que está demostrando el Ministerio de Gobernación en el número de detenciones, vemos que en el último mes se nos ha incrementado en relación con el año 2011”, añade.

Pero el escenario no se complica únicamente para los defensores, ya que Javier Monterroso, asesor del despacho de la Fiscal General del Ministerio Público, sostiene que el número de fiscales todavía no es suficiente para cubrir todas las necesidades de la población en materia de justicia.

“Actualmente necesitaríamos tener aproximadamente el doble de fiscales para brindar una atención satisfactoria a nivel nacional. Hay muchos municipios de Guatemala donde todavía el Ministerio Público no tiene fiscalías municipales”, señala Monterroso.

En base a las nuevas reformas del Código Procesal Penal, el Ministerio Público necesitaría tener por lo menos la misma presencia de fiscales en los 333 municipios, “porque allí es donde hay presencia de los Juzgados de Paz, y en muchos de estos se conocen delitos de menos de cinco años”, indica el asesor.

Asimismo, Thelma Aldana, presidenta del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, asegura que actualmente los jueces no son suficientes para enfrentar la carga de trabajo, ya que se necesita crear más juzgados o bien, apoyar el programa de jueces pluripersonales en el ramo penal.

“Nos hacen falta jueces en todos los ramos: trabajo, civil, laboral; de tal manera que estamos utilizando el sistema pluripersonal, porque no tenemos capacidad para implementar más juzgados en todos los ramos”, agrega Aldana.

La falta de operadores de justicia, según la magistrada, se traduce en recarga de trabajo para los jueces y personal auxiliar de las judicaturas y tribunales. En todos los juzgados hay exceso de procesos, que es difícil atender por el personal y esto imposibilita a los propios jueces ir resolviendo conforme a los plazos legales, afirma.

SIN RECURSOS

Una primera medida del acceso ciudadano a la justicia es el gasto judicial. Los aportes y asignaciones a la justicia, que son muy bajos, se traducen en severas limitaciones de infraestructura de los sistemas de administración de justicia y en pocos operadores de justicia para atender las demandas de la población, de acuerdo con el informe antes citado.

Durante el período 2002-2007 no hubo cambios en los recursos que las constituciones políticas de cada país asignan para sufragar los gastos de los poderes judiciales. Costa Rica y El Salvador encabezan el grupo con un 6 por ciento de sus presupuestos nacionales; les sigue Honduras con un 3% y quedan atrás Guatemala y Panamá, con un 2 por ciento. En Guatemala, el deporte tiene una asignación constitucional mayor a la justicia.

En este momento la Defensa Pública tiene un presupuesto de Q115 millones, lo que significa que la institución no puede crecer y cada vez pierde la posibilidad de ser más eficiente. “Nosotros estamos en crisis económica desde el año pasado y no hemos podido obtener mayor recurso para la institución”, asegura De Stalling.

El año pasado se hizo un planteamiento ante el Ministerio de Finanzas y efectivamente, se estableció que se debían ampliar los fondos para el Ministerio Público, el Organismo Judicial y la Defensa Pública, peor a esta última “no se le aumentó ni un solo centavo”, manifiesta la Directora.

Aunque la Defensoría está haciendo su mejor esfuerzo para cubrir la mayoría de las audiencias que se presentan en los órganos jurisdiccionales “ya hemos estado en situaciones en la que nos hemos visto en la necesidad de pedirle al juez que posponga la realización de las audiencias, porque no contamos con el personal necesario a nivel de todo el país”, revela De Stalling.

En el caso del MP, aunque el presupuesto aprobado para este año es histórico en relación a los años anteriores, de Q900 millones, aproximadamente, se convierte en algo ordinario, de acuerdo a Monterroso.

Se había solicitado al Congreso de la República un presupuesto de mil 400 millones de quetzales para cumplir con todas las expectativas de justicia de la población.

Oswaldo Samayoa, director de Incidencia Política del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, opina que aún hace falta camino por recorrer en el fortalecimiento de la justicia, sobre todo en elementos de la gestión judicial, que tiene que ver con la correcta implementación de los juicios orales en el país y, con tener el acceso a la justicia para todos y todas.

Para ello, asegura el analista, es necesario el reconocimiento del pluralismo jurídico, que los órganos judiciales del sistema de justicia puedan tener la atención adecuada, no importando la cultura ni la etnia de la persona.

No obstante, Samayoa considera que es innegable que hacen falta más fiscales y defensores; en el caso del fiscal, este puede comparecer ante los tribunales en varios casos, mientras que un defensor público -cuando hay varios implicados en un proceso- debe tener una agenda más específica, de acuerdo a su asignación.

Y la carencia de los defensores públicos “ya limita la capacidad de la defensa pública de poder participar y poder resolver muchos procesos”, agrega el experto.

Un número insuficiente de operadores jurídicos -jueces, fiscales y defensores públicos- puede señalar la existencia de problemas para atender la demanda de la población. En todos los países centroamericanos se observan grandes limitaciones para garantizar tanto el equilibrio entre demandante y demandado, como los derechos relacionados con el debido proceso.