En el primer semestre del año han muerto 19 policías que prestaban su servicio al momento de ser asesinados; el caso más reciente ocurrió en Salcajá, Quetzaltenango, donde se registró el crimen de ocho policías y posteriormente apareció desmembrado el jefe de dicha sede policial.
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Los montos para los deudos podrían ascender hasta en Q200 mil, sin embargo, según denuncias, los trámites de pago son burocráticos.
Estadísticas de la institución refieren que el último caso de policías que estaban de servicio cuando fueron asesinados fue en Salcajá, el pasado 14 de junio.
En dicha sede policial fueron inmovilizados y posteriormente asesinados, Amílcar Wosbely Castillo de León, de 42 años; Rodolfo Herrera Solís, 24; Juan García Chun, 40; Leonel Estuardo Fabrel López Hules, 27; Omar Estuardo Tomas Mérida, 32; Héctor Bocel Tun, 32; Oseas Pérez López, 22 y Selvin Miranda Federico Fuentes Miranda, 35.
Mientras que el pasado 19 de junio fueron localizados los restos del subinspector César Augusto García Cortez, en la aldea Camojá Grande, La Democracia, Huehuetenango.
Según Raúl Góngora, subjefe del Departamento de Asistencia de Personal de la PNC, en el caso de Salcajá y en varios de los registrados, los familiares de los deudos reciben un anticipo de Q15 mil y posteriormente en un solo pago se entrega un monto para completar la cantidad de entre Q75 mil a Q200 mil, según jerarquía, si estaba dentro o fuera de servicio, o si el caso es de alto impacto.
“La persona –familiar– tiene dos años a partir de la fecha de fallecimiento para reclamar el resto; por ejemplo, si es una sola beneficiaria de un elemento y no solicita anticipo tiene derecho a Q75 mil y se le entrega de una sola vez”, indica Góngora.
El entrevistado dice que en la PNC existe un Régimen de Previsión Social Complementario y dentro de este hay varios programas, uno de ellos es el Auxilio Póstumo que se da a los beneficiarios instituidos en las declaraciones que ofrecen los policías al ingresar a la institución; por otro lado hay un seguro de vida que se gestiona con la entidad privada.
“Es un régimen privado que está financiado por fondos de los mismos elementos de la institución –cada mes se les descuenta una cantidad según su escala jerárquica–, estamos viendo el riesgo que se tiene aunque tenga un día de servicio o diez años, desde el primer día de alta tienen Q75 mil en el caso de los agentes y la clasificación si están fuera del servicio 75 mil para escala básica, dentro del servicio escala básica 100 mil y actos relevantes o de alto impacto 150 mil”, explica.
De acuerdo con Góngora, la PNC tiene capacidad económica para cancelar los montos en el momento que lo requieran los deudos, aun si fuera necesario pagarle a todos los familiares de policías que fueron asesinados en una masacre, pues existe un monto destinado para atender esas necesidades de forma inmediata.
“EN ESPERA”
La Hora consultó a algunos familiares de policías. Una de estas personas, que pidió no ser citada, dijo que a principios de 2011 se registró una balacera entre policías y delincuentes en la colonia Landívar, zona 7, donde murió un PNC; sin embargo, hoy aún esperan el dinero por el “tiempo de servicio” que prestó el policía, pero se ha justificado con que el caso se encuentra en una lista de espera.
Por aparte, en otro caso, el 14 de diciembre se conoció por la denuncia de María Gumersinda Pérez Martínez, que le pretendían cobrar la patrulla que colisionó su esposo –Alfredo Pérez– al momento de morir, esto le costaría Q20 mil.
En aquella ocasión, Carlos Rodríguez, subdirector de Apoyo y Logística de la PNC, explicó que el seguro no había aceptado pagar los daños en la patrulla, debido a que el agente fallecido no portaba licencia y era responsable del automotor.
Helen Mack, excomisionada para la Reforma Policial, dijo que usualmente esos trámites llevan hasta tres años y por eso durante la administración de Álvaro Colom buscó la forma de agilizarlos.
“Lo normal que le lleva a los familiares de un policía que muere es dos a tres años, con suerte, con todo eso todavía implica otros gastos porque muchas veces la gente viene del interior para solicitar los cheques, pero resulta que les dicen que no les ha salido, tienen que regresar e invirtieron en ese viaje”, refirió Mack.