“A los pobres no hay que darles el pescado, hay que enseñarles a pescar”. Perdí la cuenta de cuántas veces escuché y leí esa frase, que en los últimos años se ha utilizado repetitivamente como un bulo para criticar la asistencia social dirigida hacia las familias pobres y miserables en Guatemala.
La expresión me parece cada vez más repulsiva y detestable porque en realidad los pobres apenas han recibido las sobras del “pescado” y por supuesto que no se les ha enseñado a “pescar”, debido a que el “río” es una propiedad privada de uso y beneficio exclusivo para pocas personas.
¿Más claro? La asistencia social no ha llegado a quienes la necesitan y tampoco se les ha apoyado para que produzcan, porque los medios y recursos necesarios para producir en las manos de pobres incomodan a algunos grupos. La situación es así de simple e indignante, pero muchos no la entienden y otros no la quieren entender porque que además de egoístas se aprovechan de esta circunstancia.
Como es de conocimiento general, esta situación, que no es nueva, ha tenido consecuencias trágicas para el país a lo largo de la historia; por eso la pobreza y la desigualdad saltan a la vista en cualquier parte de Guatemala aunque definitivamente uno de los resultados más desastrosos y dramáticos de este panorama es la desnutrición, que según el Ministerio de Salud Pública, cobró la vida a 1,053 personas en Guatemala durante 2012.
La responsabilidad de esta catástrofe es de toda la sociedad, pero ya no podemos pensar como ilusos y esperar que los grupos con poder e influencia, que se benefician del statu quo, reaccionen para evitar más muertes. Por eso, la respuesta está en manos de quien tiene a su disposición los recursos, las instituciones y las capacidades para trabajar por la seguridad alimentaria y nutricional.
De esa cuenta, creo que cada vida perdida constituye una razón para que el presidente Otto Pérez Molina pierda el sueño, pero es imprescindible que el mandatario aproveche su insomnio para trabajar por los más necesitados, con quienes se comprometió durante su campaña electoral, haciendo la salvedad que la solución para este problema no está solo en las manos del mandatario, sino también en varios funcionarios de su Gabinete y en todo un sistema de asistencia estatal que hasta ahora parece ser más lento de lo que fue en el Gobierno pasado.
Por eso, pasado más de un año de gestión, todos los altos funcionarios en el Gobierno involucrados en el tema de la alimentación deberían saber que se prevé un año de inseguridad alimentaria, especialmente en el período marzo a agosto, como lo advierte el “Calendario del Hambre Estacional”, y por eso no pueden fallarle al plan “Hambre Cero”.
He leído y estudiado la iniciativa “Hambre Cero” y entiendo que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional es la cabeza que coordinará todos los proyectos para prevenir más muertes por desnutrición, pero la ejecución de los programas depende directamente de ministerios, municipalidades y organizaciones comunitarias.
En adelante, cada muerte ocasionada por el hambre tendrá un responsable, así, con nombre y apellido, que podrá ser el de un ministro o de cualquier otro funcionario que habrá fallado con la tarea asignada en la lucha contra la desnutrición y por ende, debería pagar por su ineficiencia o su indiferencia ante esta tragedia.
Puede parecer una idea radical, pero creo que cuando se trata de niños y adultos muriendo por hambre, un mal prevenible, no hay cabida para las excusas por errores o negligencia y, ahora sí, se debe aplicar la “mano dura” con los irresponsables.
El plan está hecho, el compromiso fue suscrito y ya solo falta poner manos a la obra. Yo solo espero equivocarme al pensar que el programa “Bache Cero” –para reparar las carreteras– será más eficiente y tendrá más atención que “Hambre Cero”.